El Gobierno volvió a mostrar fracciones internas al avanzar en el paquete de Malvinas y en las modificaciones al Consejo de Seguridad Nacional que promueve el presidente Javier Milei. En la Casa Rosada reconocen que las disputas sobre la conformación del organismo y las facultades que tendría el Congreso dificultan el trámite parlamentario. El oficialismo aspira a obtener dictamen el martes 20 de octubre, pero persisten dudas sobre si la iniciativa llegará al recinto en la próxima semana.
La Secretaría Legal y Técnica envió en las últimas horas nuevas variantes del texto, pero no logró el respaldo de los bloques aliados, según confirmó TN. En La Libertad Avanza sostienen que hay que volver a revisar el proyecto y señalan que el Consejo de Seguridad Nacional figura entre los principales temas de negociación. “Se está evaluando modificar el proyecto y lo que compete al Consejo de Seguridad”, dejaron trascender desde el oficialismo.
La discusión también abarca la integración del órgano que el Ejecutivo quiere crear para coordinar las políticas de seguridad nacional. En la mesa política circuló la idea de sumar al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la propuesta encontró resistencias y, por ahora, fue descartada.
El texto original prevé que el Consejo de Seguridad Nacional sea presidido por Milei y que participen el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica. En torno a Karina Milei se discute también la presencia de la Secretaría Legal y Técnica como miembro permanente; algunos acercamientos sostienen que ese cargo puede re evaluarse en la negociación parlamentaria, mientras que otros despachos enfatizan que se trata de un órgano del Poder Ejecutivo y su integración debe responder a funciones de conducción y coordinación propias del Presidente.
Otro eje de diferencias es el alcance de la comisión bicameral que se propone para supervisar las actividades del Consejo de Seguridad Nacional. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya había anticipado que el Ejecutivo aceptaba un mecanismo de seguimiento parlamentario. Sin embargo, en las conversaciones se analizó también una versión más amplia, con facultades para autorizar determinadas decisiones antes de su ejecución, opción que no logró consenso entre los aliados.
La disputa central se concentra en el grado de intervención del Congreso sobre las decisiones de seguridad nacional. Una comisión de seguimiento permitiría recibir información, pedir explicaciones y controlar posteriormente las actuaciones del Ejecutivo, mientras que una bicameral con potestades de autorización previa implicaría una intervención más contundente para determinadas decisiones.
