La Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelaciones con Competencia Penal se reunió en la provincia de Mendoza para analizar el despliegue del sistema procesal penal acusatorio y identificar las demandas que presentan los tribunales durante la transición.
La reunión, que se desarrolló los días 15 y 16 de octubre, estuvo presidida por Javier Leal de Ibarra, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Participaron representantes de las distintas cámaras federales de apelaciones y de tribunales nacionales con competencia penal.
El eje central de los debates fue la experiencia acumulada en las jurisdicciones donde ya funciona el sistema y las dificultades que aparecen en su aplicación. Los asistentes intercambiaron criterios sobre el funcionamiento de los órganos judiciales en esta etapa de transición.
El modelo acusatorio, explicaron, cambia la dinámica del proceso: la investigación queda a cargo del Ministerio Público Fiscal y los jueces asumen el control de garantías y la resolución de los casos. La Junta subrayó que su implementación requiere recursos humanos, infraestructura y herramientas tecnológicas suficientes.
También se abordaron asuntos de organización administrativa y la disponibilidad de medios materiales para los tribunales federales. Se señaló que la reforma no puede restringirse a cambios normativos, sino que debe impactar la prestación del servicio de justicia.
La reunión puso énfasis en el papel institucional de las Cámaras Federales de Apelaciones y de los demás órganos que intervienen en el procedimiento. Los magistrados destacaron la necesidad de que las estructuras judiciales cuenten con las condiciones adecuadas para ejercer las atribuciones establecidas por la legislación vigente.
Entre los asistentes figuran Rocío Alcalá (Resistencia); Aníbal Pineda (Rosario); Silvia Mónica Fariña (Bahía Blanca); Roberto Boico (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal); Alejandro Castellanos (Salta); Juan Pablo Salas (San Martín); y Ramón Luis González (Corrientes). La lista continuó con Alejandro Tazza (Mar del Plata); Roberto Hornos (Cámara Nacional en lo Penal Económico); Laureano Durán (La Plata); Richar Fernando Gallego (General Roca); Fernando Luis Poviña (Tucumán); Abel Sánchez Torres (Córdoba); Juan Ignacio Pérez Curci (Mendoza); Cintia Graciela Gómez (Paraná); Mirta Delia Tyden (Posadas); y Diego Gustavo Barroetaveña (Cámara Federal de Casación Penal).
Los presentes coincidieron en la conveniencia de mantener instancias de coordinación entre tribunales de distintas regiones, destacando que el intercambio de experiencias ayuda a identificar problemas comunes y a unificar criterios institucionales. La Junta ratificó que la consolidación del sistema acusatorio depende de la asignación de recursos humanos, materiales y tecnológicos.
