La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue denunciada penalmente por presunta discriminación, incitación a la violencia colectiva e incumplimiento de deberes de funcionaria pública, a raíz de una publicación en la red social X que mostró imágenes de disturbios junto con la frase “Así los universitarios reclaman sus derechos”. El posteo apareció el 15 de octubre de 2026, a las 18:20, en el marco de la reciente marcha federal universitaria.
La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de la agrupación Reset Republicano. Los letrados cuestionaron que la titular de Seguridad vinculase el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas con episodios de violencia protagonizados por personas no identificadas, al punto de desplazar la crítica hacia una estigmatización del conjunto de la comunidad universitaria.
En el escrito, sostienen que la funcionaria habría utilizado una formulación de carácter general, “arbitraria y temeraria”, que asoció el reclamo presupuestario y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario con delincuencia y violencia. En ese marco, señalaron particularmente el uso de la expresión “Así los universitarios”, pues, sostienen, despoja de individualidad a los responsables de cualquier incidente y atribuye conductas criminales a estudiantes, docentes y trabajadores de las universidades públicas del país.
Los abogados pidieron que se investigue si la publicación podría encuadrarse en el artículo 3 de la Ley Antidiscriminatoria 23.592, el artículo 212 del Código Penal (incitación a la violencia colectiva) y el artículo 248, vinculado al abuso de autoridad y al incumplimiento de los deberes de funcionaria pública. Subrayaron, además, que el alcance de la publicación, emitida desde una posición institucional, podría generar riesgos para el colectivo universitario.
La presentación también cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige especial cuidado por parte de los funcionarios públicos al emitir declaraciones que puedan afectar a grupos sociales, especialmente en contextos de conflicto. En esa línea, argumentan que imputar de manera genérica hechos violentos a un colectivo sin identificar a responsables vulnera la presunción de inocencia y podría contribuir a la estigmatización de quienes ejercen derechos legítimos.
Finalmente, el escrito alude a normas de ética pública, mencionando la Ley 25.188 y el Código de Ética de la Función Pública, que establecen pautas de prudencia, veracidad e igualdad en el desempeño de las funciones.
