Un fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo de Martín Cormick, dejó en suspenso durante tres meses la aplicación de dos pasajes de la llamada reforma laboral, concretamente los artículos 10 y 56 de la Ley 27802 sancionada por el Congreso en febrero pasado. La medida busca frenar disposiciones que, según los demandantes, buscan atemperar “la industria del juicio” pero terminarían reduciendo los honorarios de los abogados laboralistas y obligando a cubrir las costas del proceso.
Cormick es el mismo magistrado que, semanas atrás, impuso multas diarias al Gobierno por incumplir la ley de financiamiento universitario. En este caso, decidió suspender la aplicación de las referidas normas por un periodo de tres meses. El fallo mantiene vigente la normativa anterior, es decir, los artículos 20 y 277 de la Ley 20.744, que corresponde a la normativa laboral previo a la reforma.
La resolución incorpora como interviniente al Ministerio de Justicia, ante la conexidad del proceso con la causa 13564/26, con el objetivo de notificarle la medida y garantizar su derecho de defensa. Se anticipa que el Ejecutivo podría apelar la decisión.
La demanda fue promovida por dirigentes de 32 colegios de abogados del interior del país. La primera firma que suscribió el amparo corresponde al Colegio de Abogados de Villa María, representado por Itatí Demarchi, quien encabeza una lista que busca competir por el Consejo de la Magistratura en las elecciones del 20 de octubre. En el ámbito del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), solo la agrupación “Por más abogacía” adhirió a la acción.
El magistrado justificó la cautelar señalando que la ley, al no distinguir claramente sus alcances, genera incertidumbre sobre si los honorarios de los letrados están dentro de la "autorización legal" discutida. Aunque los honorarios no constituirían capital de condena, sí integran las costas del proceso y, por ello, quedan dentro de la sentencia; esa ambigüedad, sostuvo, justifica la protección provisional de los derechos de los abogados representados.
Con todo, la medida concede tres meses para que se pronuncie una resolución de fondo. Los abogados laboralistas podrían pedir una extensión de la cautelar mientras aguardan la respuesta definitiva sobre el alcance de estos cambios. Es esperable que el Ejecutivo, por su parte, presente un recurso para intentar revertir o modificar la cautelar.
