La Libertad Avanza está preparando un proyecto para incluir en la agenda del Senado antes de fin de año la reforma de la Ley 26.657 de salud mental. La iniciativa propone revisar los criterios para concretar internaciones y la forma de tránsito entre las distintas modalidades de tratamiento, y exige que el presupuesto nacional destine partidas específicas para poner en marcha los programas de contención.
El proyecto volvió a ser tratado en el plenario de las comisiones de Salud Mental y de Legislación General, tras su ingreso al Congreso en mayo. El oficialismo logró reunir las firmas necesarias para emitir dictamen, con miras a lograr una media sanción en este periodo de sesiones ordinarias.
Desde la oposición, el ex gobernador Jorge Capitanich reconoció que la ley vigente responde a una demanda de actualización en objetos, alcance e inversión en infraestructura, y afirmó que es imprescindible adaptar la normativa a una realidad dinámica. No obstante, señaló que la internación involuntaria podría volverse más arbitraria y, a la vez, más difícil de aplicar. Además, advirtió que descentralizar funciones hacia las provincias sin recursos y sin un proceso de validación podría agravar el problema y debilitar la capacidad institucional para abordarlo.
Entre los aliados provinciales del Gobierno, el misionero Carlos Arce y la correntina Mercedes Valenzuela coincidieron en la necesidad de contar con financiamiento explícito en el texto. Arce sostuvo que el proyecto no especifica fondos suficientes y pidió que el presupuesto nacional se traduzca en partidas identificables. También propuso incorporar al Consejo Federal de Salud y al Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, para asegurar un diagnóstico técnico y una concertación activa. Ambos respaldaron el dictamen, con disidencias parciales.
La principal defensora de la iniciativa, Patricia Bullrich, sostuvo que la versión actual está orientada a un marco más preventivo, al modificar el concepto de riesgo inminente y al considerar evaluaciones realizadas por equipos interdisciplinarios para determinar la posibilidad de que una persona repita conductas de riesgo. Aseguró que la reforma corrige lagunas que generan múltiples problemas en Argentina.
En conjunto, el oficialismo consiguió apoyos para avanzar en la revisión de la Ley 26.657, con foco en la redefinición de criterios de internación y en la forma de tránsito de los tratamientos, además de exigir recursos para su implementación.
