El gobierno de Javier Milei encara una jornada de alta conflictividad social y política, con reclamos sindicales, tensiones salariales y una nueva Marcha Federal Universitaria que anticipa un día agitado. En lo político, la sesión en la Cámara de Diputados se centrará en avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y en la derogación del DNU 70/23, un debate que resurgió ante discusiones sobre la compra de tierras argentinas por extranjeros.
Se esperan los momentos de mayor convocatoria hacia las 16:00, pero ya desde temprano varios manifestantes ocupaban las cercanías del Congreso. En paralelo, los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires montan un operativo conjunto con cortes de calles y vallados en el centro porteño para evitar incidentes.
Entre las movilizaciones, destacan dos cierres de conflicto laboral: por un lado, el paro nacional de 96 horas de médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del PAMI, iniciado el martes pasado y que se extenderá hasta el viernes 16; por otro, una huelga de 24 horas de ATE con una movilización al Congreso a partir de las 13:30.
El foco en la calle será la quinta Marcha Federal Universitaria, encabezada por la Universidad de Buenos Aires. La convocatoria en la Plaza Houssay, a las 13:00, conducirá a Plaza Congreso, donde a las 16:00 se realizará un acto central con la lectura de un documento unificado de la comunidad universitaria. Las inmediaciones del Congreso ya mostraban banderas y estructuras de agrupaciones políticas y sociales, con un escenario montado que exhibía consignas sobre educación y soberanía.
En cuanto a la circulación, la avenida Rivadavia permanecía cortada a la altura de Callao desde las primeras horas; el transporte público y vehículos particulares podían moverse por calles vecinas, aunque quienes intentaran avanzar por Rivadavia debían desviarse debido al vallado que bloqueaba el paso.
En el plano legislativo, La Libertad Avanza impulsa la derogación de su propia derogación: en un plenario de comisiones, el oficialismo y sus aliados avanzaron con el proyecto de Inviolabilidad de la propiedad privada, ya aprobado por el Senado, con un cambio que deroga el artículo del DNU 70/23 que suprimía los límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. De concretrarse este cambio, el Gobierno podría asegurar que la oposición no cuente con quórum suficiente en la sesión prevista para este jueves, en un intento por frenar el decreto controvertido.
