El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que Washington sigue de cerca los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la cual podría imponer sanciones a empresas –incluidas estadounidenses– vinculadas a la explotación de recursos en las Islas Malvinas. Además, situó la idea de liquidar el Comité de Descolonización de la ONU dentro de una revisión amplia del funcionamiento del organismo.
“Desde nuestro punto de vista, no hay otro país con mayor sintonía con Estados Unidos”, comentó Landau, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Martín y acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno. Este último subrayó que la soberanía de las Malvinas es innegociable y sostuvo que, aun con la posible desaparición del C-24, la postura argentina no se verá afectada; no obstante, admitió que el foro es de interés para Argentina porque allí presenta su reclamo cada año.
Consultado sobre si Washington propone efectivamente desaparecer ese foro y si preocupa el alcance de las sanciones contempladas en el proyecto oficialista, Landau respondió que la administración de Donald Trump impulsa una reforma de las Naciones Unidas y que el C-24 es uno de los comités que, a su juicio, “con los años no ha aportado demasiado”. Aseguró que no debe confundirse una reforma orientada a agilizar el sistema de la ONU con un tema sustantivo concreto.
Landau añadió que el comité ha adoptado posturas bastante radicales en ciertos temas que afectan a Estados Unidos, como el caso de Puerto Rico, entre otros asuntos.
En cuanto al marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, afirmó que corresponde a las autoridades argentinas definir la normativa, pero señaló que Estados Unidos mira con interés lo que ocurra con los intereses de sus empresas. Es natural, agregó, que cualquier nación se preocupe por esos asuntos.
Como antecedente relevante, circularon informaciones en las que funcionarios de la Casa Blanca señalaron preocupaciones sobre el alcance de las sanciones propuestas en el proyecto 0010-PE-2026. Estas podrían afectar no solo a las firmas que operan directamente en Malvinas, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.
Quirno defendió la iniciativa al sostener que la ley vigente no proporciona herramientas adecuadas para defender los intereses de Argentina en Malvinas y que la nueva propuesta busca ampliar esas capacidades. Aclaró que la norma no apunta contra ningún país ni empresa en particular y planteó que brinda a las compañías una alternativa: continuar operando en el continente argentino, con mayor potencial, o mantener operaciones “ilegítimas” en las islas.
