La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal decidió este lunes archivar la causa que investigaba las irregularidades en la toma de deuda por 57.100 millones de dólares ante el FMI y la subsecuente fuga de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri. El fallo fue suscrito por los magistrados Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en conjunto con Javier Carbajo, y mantiene el dictamen de un fiscal que ya había decidido no sostener las apelaciones de las instancias inferiores.
La investigación, iniciada en 2019, contó con la labor de Franco Picardi en la primera instancia, quien reunió un abanico de pruebas. En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó el cierre de la causa, argumentando que se trataba de una cuestión de política económica no judicializable y que la fiscalía no había probado la existencia de delitos. Con la llegada de la “nueva” Sala I de la Cámara Federal, integrada por Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi (este último designado por Macri en 2018), el tribunal confirmó lo resuelto por Capuchetti, aunque la firma del primero no figuró en el texto y sí la del magistrado Mariano Llorens.
La resolución de Casación destinó gran parte de su escrito a rechazar las impugnaciones planteadas por Antonio Conrado De Martino, quien intentó recusaciones contra los integrantes del tribunal y contra Pleé, y a apoyar el recurso de la fiscalía de la instancia anterior. En cualquier caso, la decisión implica que la causa podría reabrirse únicamente ante la presentación de hechos nuevos o de indicios no considerados previamente.
Entre los principales beneficiarios del archivo figuran el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y, entre otros, Mauricio Macri. Estos tres funcionarios habían sido señalados en las investigaciones por las responsabilidades durante esa gestión, y algunos de ellos lograron transitar hacia cargos en la administración actual.
En síntesis, la resolución cierra el expediente por ahora, con la posibilidad de reactivación solo si emergen hechos distintos o nuevos respecto de los ya evaluados, y consolida, al menos en este episodio, la posición de ciertos sectores judiciales y políticos que favorecen a los nombres mencionados y a la línea de interpretación defendida en las auditorías de ese periodo.
