La Cámara de Casación, en una decisión que fue anunciada en medio de tensiones entre el arco político y judicial, integrada por Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, resolvió unir en un solo proceso las causas Hotesur-Los Sauces y adelantar el inicio de las audiencias para este viernes. Según la lectura de la resolución, el objetivo central es acelerar el enjuiciamiento de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo Máximo Kirchner.

El Tribunal Oral aún no habría recibido las citaciones de la causa, y no estaría concluida la prueba fundamental —una pericia sobre los valores de los alquileres— para determinar si se fijaron a precios de mercado. Esa prueba resulta crucial, ya que la imputación sostiene que los alquileres podrían haber configurado un blanqueo de dinero mediante sobreprecios en obras públicas.

La nota señala que la presión política, mediática y judicial habría sido transmitida desde la Corte Suprema hacia la Casación. El juez Alejandro Slokar votó en contra de la medida, argumentando que corresponde al tribunal la organización del juicio y que la resolución constituiría una “exorbitancia”.

Se menciona además que el Tribunal Oral 5 ya había dictado el sobreseimiento de Cristina, Máximo y otros imputados por considerar que no existía posibilidad de lavado de dinero, que era la principal acusación. Los magistrados Adrián Grünberg y Daniel Obligado habían sostenido que la obra pública genera pagos en blanco y que los alquileres también estaban en blanco, por lo que, para ellos, no habría delito de blanqueo. Según la nota, ese sobreseimiento habría sido revertido por Casación, que apartó a esos jueces y ordenó continuar con el proceso contra Cristina y Máximo.

La maniobra de unificar los juicios fue revelada en una reunión de jueces realizada en San Martín de los Andes, y se describió como una presión por parte de la Corte Suprema. La resolución fue publicada a las 20 horas de un viernes, en la localidad neuquina, según consta en el artículo.

La causa Hotesur-Los Sauces fue iniciada por el fallecido juez Claudio Bonadío, con maniobras descritas en el texto como la creación de un expediente paralelo para mantenerlo al frente del expediente. La investigación se basa en la acusación de que la familia Kirchner alquiló hoteles y departamentos a empresarios —entre otros, Lázaro Báez— que a su vez tenían contratos de obra pública con el Estado. Las defensas sostienen que, si los alquileres eran a precios de mercado, no habría delito de blanqueo, y que la base de la acusación sería insuficiente para sostener una condena.