Este martes se llevó a cabo la votación de los abogados de la matrícula federal para renovar las bancas del Consejo de la Magistratura. En el escrutinio provisorio, la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, que agrupa a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (Cpacf) y del Colegio de Abogados de la Ciudad, junto con decenas de agrupaciones de todo el país, obtuvo la delantera.
Al cierre de la jornada, ya pasadas las 21, con el 93,4% de las mesas escrutadas, la mencionada nómina lideraba la votación. En segundo lugar quedó Abogacía Unida y Dignidad Profesional, respaldada por un sector del peronismo porteño. En tercer lugar se ubicó Abogacía Federal, lista que reúne apoyos mixtos de radicales y peronistas, y en cuarto lugar figura Abogacía por la Libertad, asociada a La Libertad Avanza. Los resultados preliminares sostienen un escenario muy cerrado, lo que mantiene la cautela entre las fuentes judiciales para definir si habrá un representante por cada lista para completar las cuatro bancas en juego o si la última podría quedarse sin escaño.
El sistema de reparto está basado en el método D’Hondt, el mismo que se usa para el Congreso, por lo que el porcentaje final de cada lista será determinante para la distribución de las bancas.
Como primer candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía figura Alberto Biglieri, seguido por Claudia Sarmiento, Eduardo Bittar y Jaminka Mihaljevic; en suplentes aparecen Carlos Más Vélez, Ana O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo, con un esquema de rotación de bancas a mitad de mandato.
Biglieri es conocido por su rol reciente como interventor de la UOM, cargo desde el cual impulsó una auditoría que señaló presuntas irregularidades en la gestión de Abel Furlán. También rescindió el contrato del gremio con una empresa vinculada a María Soledad Calle, propietaria del piso de abajo de la casa de Cristina Kirchner en San José 1111. Entre 2019 y 2023 formó parte del Consejo de la Magistratura porteño y mantiene lazos con Daniel Angelici, empresario y operador político cercano al sector radical y al Pro.
En segunda posición quedó Abogacía Unida y Dignidad Profesional, con el aval del auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos, y con Itatí Demarchi Arballo como primera candidata. Demarchi Arballo es oriunda de Córdoba y preside el Colegio de Abogados de Villa María.
La discusión también subraya la importancia de la territorialidad en estas elecciones, ya que el peso de dirigentes de distintas provincias influye en el posible reparto de las cuatro bancas para el Consejo. Aún restan resultados definitivos, por lo que el desenlace definitivo dependerá del cómputo final.
