La Sala II de la Cámara Federal de San Martín, integrada por Alberto Lugones y Néstor Barral, rechazó este viernes los recursos de nulidad presentados por el exdiputado y candidato presidencial y dejó firme la terminal de la investigación sobre su patrimonio y posibles maniobras de lavado. También desechó la recusación contra el fiscal Fernando Domínguez, quien permanecerá al frente del caso.
El eje de la imputación continúa centrado en un pago de 200.000 dólares recibido por Espert de la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Federico “Fred” Machado, quien financió su campaña en 2019 y fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero como parte de una organización delictiva ligada al narcotráfico. A la vez, la fiscalía sostiene que podría haber ingresado montos de origen oscuro por otros caminos: se identificó un mecanismo para convertir miles de dólares en efectivo en el informal y “backearlos” en pesos a través de la banca, utilizado para cubrir gastos personales habituales, incluso hasta 15 millones de pesos mensuales con tarjeta de crédito.
Cuando Espert compareció ante el juez por la indagatoria, en julio, no respondió preguntas y, en su momento, optó por denunciar una victimización y lanzar ataques. También intentó anular gran parte de las medidas de prueba y planteó la recusación contra Domínguez, lo que abrió un periodo de postergaciones en la definición de su situación procesal. A fines de la semana pasada, la Sala II rechazó todas esas pretensiones en dos resoluciones.
En primer lugar, los camaristas recordaron que el juez a cargo, Lino Mirabelli, ya había ratificado la continuidad del fiscal y que esa decisión no admite recurso, salvo que se demuestre un perjuicio irreparable al derecho de defensa. El planteo de “el profe”, como lo llama Milei, no encontró derechos afectado ni motivo para dejar sin efecto la actuación fiscal.
En segunda instancia, la Sala confirmó que las medidas adoptadas hasta ahora seguían vigentes y sostuvo que la hipótesis de que el juzgado reasuma la investigación en lugar de la fiscalía no detiene el proceso. Es decir, no cayó la maquinaria para avanzar.
También quedaron firmes las medidas de control patrimonial que dieron origen a órdenes de no innovar para impedir movimientos, como informes bancarios, de operaciones en activos digitales, de ARCA y de la Oficina Anticorrupción, entre otros. El juez ya había levantado el secreto fiscal y bancario sobre Espert y su círculo cercano. La pesquisa sobre su núcleo familiar fue otro de los puntos que generó controversia, pero las resoluciones dejaron en pie las diligencias y las medidas vigentes.
