En pleno proceso de redacción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la Casa Rosada evalúa ampliar el alcance de las sanciones para abarcar la pesca ilegal y otras actividades vinculadas al conflicto por Malvinas, según confirmó una fuente oficial. La iniciativa busca aplicar criterios similares a los utilizados contra las petroleras para las licencias de pesca concedidas por el Reino Unido en la zona.
La administración del presidente Javier Milei avanza en la idea de ampliar la Ley 26.659, conocida popularmente como la Ley Pino Solanas, que fue aprobada por unanimidad el 16 de marzo de 2011 durante el primer mandato de Cristina Kirchner. El texto vigente establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina requieren habilitación de una autoridad argentina competente.
En la Casa Rosada analizan endurecer las penas y ampliar las actividades cubiertas por las sanciones en el área de Malvinas. La propuesta se discutió en la última reunión de la mesa política, realizada el martes pasado, y, de concretarse, podría integrarse al esquema de sanciones contra empresas que buscan extraer petróleo en las islas. Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha denunciado a 60 firmas, en coordinación con la Procuración del Tesoro.
Si la iniciativa avanza, quedará incluida en el proyecto que actualmente pasa por la Secretaría de Legal y Técnica, a cargo de María Ibarzabal Murphy, en su última instancia de revisión.
El planteo también pone el foco en la Ley Federal de Pesca, que regula el uso, la protección y la administración de los recursos vivos marinos. Existen cuestionamientos sobre su aplicación y su efectividad en el marco de las tensiones por las aguas en disputa.
El sector político peronista impulsa que las empresas y actores vinculados a la explotación de recursos pesqueros en las islas sean alcanzados por el régimen de sanciones. Este reclamo se suma a las demandas de entidades del sector, que buscan que la pesca quede expresamente incluida en el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso.
Esta mañana, durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei afirmó que la nueva normativa impedirá que quienes presten servicios a compañías vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos contraten con el Estado o con privados en el país. También adelantó que la iniciativa incluirá herramientas para fortalecer las capacidades del Ejército y la defensa de la soberanía, como la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
El asesor presidencial, Santiago Caputo, está cerrando el formato de la presentación legislativa prevista para el próximo lunes, que será ingresada por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayor respaldo. El Poder Ejecutivo evalúa dos posibles rutas para enviar la propuesta: presentarla por el conducto habitual o recurrir a una vía alternativa.
