La Corte Suprema convocó para este viernes, a las 9 de la mañana, una sesión extraordinaria para dirimir la vigencia de la Ley de Tierras Rurales. La reunión urgente podría volver a imponer las limitaciones a la compra de predios rurales por parte de extranjeros, hoy derogados por el artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei.
El expediente ante el máximo tribunal incluye un pedido de medida cautelar promovido por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Si la Corte concede la cautelar, quedarían vigentes las restricciones que imponía la Ley 26.737 sobre la adquisición de tierras por ciudadanos extranjeros. Expertos constitucionalistas advierten que una decisión directa del tribunal, sin remitir el caso a la instancia inferior, sería un fallo excepcional.
La sesión de hoy se explica por un conflicto interno: los tres magistrados iniciales, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar. Sin la votación de los tres, no hay fallo posible, por lo que se llamó a dos conjueces para dirimir el empate.
Los conjueces designados son Diego Barroetaveña, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con larga trayectoria. Barroetaveña mantiene una cercanía con Rosatti y forma parte del Consejo de la Magistratura; Pérez Curci es discípulo de Carlos Mahiques, juez de Casación y padre del actual ministro de Justicia.
Ambos magistrados habían compartido hasta hace poco su participación en tribunales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), función de la que se apartaron en diciembre del año pasado tras un pedido de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para que la Corte ordenara la cesación de esos roles.
La urgencia quedó plasmada en una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por Sergio Miguel Nápoli, secretario de la Corte. El documento acortó el plazo habitual de 72 horas para la integración y dispuso, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, que el término quedara en 24 horas, autorizando expresamente “días y horas inhábiles” para garantizarlo.
La causa se inició en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche. Árbol de Pie y los demandantes cuestionan la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó íntegramente la Ley de Tierras. El planteo fue derivado a la Cámara Federal de La Plata por considerar la causa conexa con el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), pero ningún tribunal ha decidido el fondo del asunto.
Los promoventes sostienen que su legitimación es propia y distinta a la del CECIM: no invocan soberanía nacional, sino derechos de incidencia en sus comunidades.
