El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, suscribió este martes la normativa que regula la protesta social, mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, adelantó que el Gobierno pondrá en marcha este mecanismo durante las marchas antigubernamentales convocadas para este miércoles.
El decreto 1525 de 2026 establece que, cuando se presenten hechos violentos, la prioridad debe ser el diálogo y la mediación como primera opción de intervención frente a la manifestación en su conjunto. No obstante, subraya que esa preferencia no constituye un requisito previo que bloquee, suspenda o posponga las intervenciones dirigidas a individuos que cometan actos de violencia.
Sindicatos, pueblos indígenas y otros actores sociales en Colombia convocaron a una jornada de protestas para este miércoles, lo que representa una primera prueba de la resistencia que pueda mostrar la administración de De la Espriella, que lleva poco más de dos meses en el poder. La convocatoria agrupa demandas laborales, educativas y territoriales, y al mismo tiempo manifiesta el rechazo de diversas agrupaciones civiles a las primeras decisiones del Ejecutivo, así como su preocupación por iniciativas oficiales para restringir la protesta.
El presidente afirmó, en la víspera, que la protesta pacífica es una garantía constitucional, pero dejó en claro que ese derecho no autoriza agredir a otros ciudadanos, dañar bienes, amenazar a trabajadores ni obstaculizar el paso de ambulancias y servicios de emergencia. En ese marco, aseguró que ante hechos que constituyan delitos las autoridades actuarán conforme a la ley, haciendo referencia a la protesta prevista para este miércoles.
El decreto señala que, si desde el inicio de la manifestación hay violencia con uso de armas, artefactos incendiarios, agresiones o retención de personas, la fuerza pública podrá intervenir contra los responsables sin agotar previamente las fases de diálogo.
El mandatario enfatizó que no tolerará bloqueos permanentes de vías ni que un carril de Transmilenio sea convertido en trinchera. Según sus palabras, agredir a una persona, arrojar objetos para herir, retener a alguien o involucrar a un niño en una protesta no es protesta, sino delito, y será tratado como tal.
Por su parte, el ministro Lara sostuvo que el decreto es garantista y democrático: respeta la protesta social, pero no admite bloqueos. En el texto, se indica que la obstrucción de vías no descalifica por sí sola el carácter pacífico de la movilización; solo en circunstancias excepcionales podrá disolverse total o parcialmente una reunión con obstrucción, y únicamente si la perturbación es grave y sostenida y no existe otro medio menos lesivo para el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica. En cualquier caso, la intervención se regirá por el principio de uso mínimo de la fuerza.
