En medio de tensiones por el endeudamiento, el presidente Milei ordenó frenar una regulación orientada a contener la morosidad. Paralelamente, el Gobierno intensifica gestiones con bloques aliados para evitar que la oposición imponga una salida más rígida. Desde la Casa Rosada evalúan avanzar hacia un dictamen consensuado, acotado y sin impacto fiscal, con la idea de recomponer una dinámica de mayor coordinación en el Congreso.
Milei mantiene su postura de que estos contratos son de privados y no cede en la discusión, aunque en el Ejecutivo reconocen que el tema ya quedó instalado y es necesario aportar respuestas. Por ello, la estrategia pasa por trabajar con los sectores más dialoguistas antes de llevar propuestas al recinto.
Desde Nación sostienen que el objetivo es evitar una nueva secuencia de derrota, veto y confrontación, y tratar de acordar de antemano textos que tengan respaldo mayoritario sin exceder los límites que exige el Gobierno. En ese marco, la Casa Rosada plantea un paquete de cambios acotados, sin gasto fiscal y con límites moderados a las tasas de interés. Entre las opciones figura hacer más clara la información sobre el costo total de los créditos y fortalecer herramientas de educación financiera y transparencia.
Esa salida sería una contrapropuesta ante los proyectos más duros impulsados por la oposición. “Algo vamos a hacer”, reconocen en Nación, al anticipar que el debate continuará en las próximas semanas.
En Diputados ya quedó definido un primer límite: los proyectos sobre morosidad no avanzarán por la Comisión de Presupuesto, lo que estrecha el margen para iniciativas que impliquen nueva erogación estatal. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tienen citaciones para el 15 y 22 de septiembre y quedaron habilitadas para buscar dictamen el 29. El objetivo oficial es arribar a esa instancia con una alternativa negociada que cuente con apoyo de aliados.
La estrategia difiere respecto de Discapacidad, donde Milei no dio una orden de bloqueo equivalente. En el Gobierno ya trabajan en una contrapropuesta para evitar que la prórroga de la emergencia avance sin cambios y buscan delinear un esquema para prestaciones y actualizaciones. Según sostienen, la emergencia vigente ya cumplió su objetivo y las actualizaciones para prestadores quedarán contempladas en el Presupuesto 2027, con tratamiento previsto para el 16 de septiembre y dictamen para el 23.
La Casa Rosada quiere trasladar esa lógica de negociación a otros debates y ve en el paquete por Malvinas una oportunidad para volver a reunir al oficialismo y a los bloques dialoguistas alrededor de una agenda común, tras varios meses de tensiones en el Parlamento.
