Tras seis jornadas de debate, el proceso que condena a Maximiliano Cabaleyro, jefe del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, a ingresar a prisión por el bloqueo a la empresa Rey Distribución, de la familia Rey, en la vecina San Pedro, llega a la etapa de los alegatos finales en un juicio oral y público. Cabaleyro, detenido desde hace cuatro años junto a Fernando Espíndola —también dirigente de la organización—, afronta cargos por turbación de la posesión, coacción y extorsión vinculados a la maniobra para que los 35 empleados de la pyme migraran a la mutual de Camioneros y cortaran su afiliación a Comercio.
La detención de ambos dirigentes fue ordenada por la jueza de Garantías de San Nicolás, en un marco en el que también se acumularon indicios de pagos irregulares para aplacar la protesta y revertir el bloqueo de la empresa.
Entre la batería de testimonios, destacaron los relatos de Gustavo y Ariel Rey, dueños de la pyme, quienes detallaron la presión, las amenazas y las exigencias de dinero por parte de Camioneros para permitirles operar. También contaron que, al decidir no abonar, comenzaron las obstrucciones. Gustavo señaló que desde 2017 venían siendo objeto de cobros crecientes y que, al denunciar la situación, se desencadenó la escalada. Aclaró que la pérdida económica se estima en 12,5 millones de pesos en aquel momento, cifra que, actualizada por el INDEC, supera los 370 millones.
Ariel, por su parte, relató una de las consignas escuchadas en la investigación: “este es el kiosquito de Cabaleyro”, en referencia al supuesto recaudador de los sindicalistas, Espíndola, dirigido a normalizar pagos mensuales para evitar interrupciones.
El tramo testimonial incluyó al intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo haber tratado de mediar entre las partes, aunque admitió no haber detectado un bloqueo de camiones en el acceso a la empresa. Durante la audiencia se exhibieron grabaciones entre Salazar y Cabaleyro; en uno de los audios se escucha al intendente indicar: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”, aludiendo, según la lectura de los presentes, a un eventual encuadre policial.
Entre las pruebas, las defensa y la fiscalía deben definir si la secuencia de hechos constituye los delitos imputados, y cuál fue la responsabilidad de cada actor en el conflicto que dejó a Rey Distribución inmovilizada y gravemente afectada. El desenlace del juicio, con la intervención de las partes, determinará las penas y posibles medidas para los acusados.
