El presidente Javier Milei habló este miércoles en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos y defendió su enfoque frente a las exploraciones de petróleo cerca de las Islas Malvinas, territorio ocupado por el Reino Unido. Aseguró que la cuestión Malvinas es una causa nacional y que no debe haber divisiones al abordar la soberanía.
En su intervención, citó una idea atribuida a San Martín sobre la defensa de la Patria cuando está en peligro, y sostuvo que sin decisión no hay avance. Según indicó, la semana pasada ya se implementaron acciones para proteger la soberanía: se abrió un proceso sancionatorio contra 60 empresas y se presentó una denuncia penal contra firmas vinculadas con el gobierno no reconocido de las islas.
El mandatario afirmó que la causa trasciende a un gobierno o partido y que la coordinación entre sectores es clave para avanzar. También explicó que la fortaleza económica es fundamental para sostener la defensa, y que, por eso, es necesario impulsar riqueza nacional.
La alusión a Malvinas se dio en un marco de escalada diplomática con Londres, tras comentarios de Trump y una cadena nacional en la que Milei reivindicó el reclamo argentino y anunció medidas contra actores extranjeros operando en la zona. En un discurso de unos 15 minutos, el jefe de Estado centró su atención en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros alrededor del archipiélago, adelantando nuevas iniciativas para fortalecer la postura argentina.
La respuesta del gobierno se vincula también al avance del proyecto Sea Lion, una iniciativa offshore en Malvinas gestionada por Navitas Petroleum (israelí) y Rockhopper Exploration (británica). Navitas opera y controla el 65% de las licencias; Rockhopper, 35%. La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió el 65% de las licencias y asumió la operación. En diciembre de 2025, Sea Lion obtuvo la aprobación para la primera etapa, valuada en US$1.800 millones, con proyección de comenzar la producción en el primer trimestre de 2028.
En respuesta a este marco, el Gobierno anunció un refuerzo de los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, orientada a ampliar las capacidades de telecomunicaciones en el sur. También se publicó un decreto reglamentario para reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades que afecten la soberanía nacional.
