Las dos iniciativas laborales impulsadas durante la gestión de Javier Milei—la Ley Bases de julio de 2024 (16 apartados) y la ley de modernización laboral de marzo de 2026 (218 artículos)—no lograron, por ahora, atraer de forma significativa a quienes generan empleo, de acuerdo con registros oficiales.
Desde la entrada en vigor de la Ley Bases, el sector privado registró una caída de 106.927 puestos de trabajo formal, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Paralelamente, la proporción de trabajadores con empleo asalariado se incrementó de 36,4% a 37,9%, lo que implicó unos 100.000 asalariados más en la informalidad, ya que muchos pasaron a desempeñarse sin derechos ni aportes a la seguridad social y con salarios frecuentemente inferiores a los convenidos.
Un dato central que subraya la narrativa oficial es el crecimiento sostenido de la informalidad en el conjunto de la población ocupada: entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo de 2026, la tasa de informalidad pasó de 41,4% a 45%. En los aglomerados urbanos medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, esto se traduce en aproximadamente 574.000 ocupados informales más en apenas dos años, siendo la mayor parte trabajadores por cuenta propia.
En el segundo trimestre, el INDEC también marcó un nuevo aumento de la desocupación, que subió de 7,6% a 7,9% interanual. A la vez, la dinámica más significativa es la expansión de la informalidad y de la ocupación por cuenta propia.
Con respecto a la entonces llamada ley de modernización laboral, desde su vigencia se perdieron 36.531 empleos registrados en el sector privado, según SIPA. La plantilla de asalariados no registrados se mantuvo relativamente estable, pero la informalidad sobre el total de ocupados escaló de 44,2% a 45%. Adicionalmente, desde el inicio de la gestión, cerraron 31.342 empresas, en su mayoría pymes, y hasta julio se llevaron a cabo 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos que en todo 2025. Los PPC permiten suspensiones y la posibilidad de reducir salarios y compensaciones. En la Justicia avanzan dos causas vinculadas a firmas presuntamente adulteradas en procesos de PPC, denunciadas por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada; se sospecha de una maniobra que involucraría a funcionarios, empresarios y dirigentes gremiales.
El panorama se perfila con sombras ante la posibilidad de recesión, salarios contenidos e inflación en ascenso. Mientras, la desocupación pasó de 5,7% en diciembre de 2023 a 7,9% en el segundo trimestre de 2026, según INDEC.
