El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) actualizó sus cálculos con datos de septiembre y advierte que, una vez que los proyectos autorizados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alcancen su plena producción, el Estado podría perder aproximadamente US$2,624 millones en recaudación anual. El informe cuestiona además que las ventajas fiscales sean el principal motor para atraer inversiones: al menos 13 de las 23 iniciativas ya contaban con antecedentes antes de la creación del régimen.

La estimación se concentra en el costo de las concesiones fiscales asociadas a los anuncios de inversión. En el escenario de exportaciones considerado, la caída anual de ingresos oscilaría entre US$1.837 millones y US$3.411 millones. Estas cifras reflejan proyecciones para la fase de operación plena, no una merma de ingresos ya concretada este año.

La partida más relevante corresponde a los derechos de exportación que el fisco dejaría de percibir. En el escenario base, ese componente sería de US$1.021 millones anuales, cerca del 39% del costo total estimado. En la práctica, las mayores ventas externas se acompañarían de una recaudación inferior a la que correspondería sin las exenciones del régimen.

Entre los proyectos citados se encuentran las iniciativas petroleras VMOS y Rincón de Aranda. También figuran los proyectos de litio Rincón de Litio, Cauchari-Olaroz, Tres Quebradas, Hombre Muerto Oeste y Sal de Oro II. En moneda corriente, el informe incluye Diablillos, Gualcamayo y Vicuña. Se destaca que, para gas, oro y cobre, CEPA señala que los derechos de exportación ya tenían una alícuota del 0% antes del RIGI, por lo que el cambio principal sería otro.

Otro beneficio considerado es la reducción del Impuesto a las Ganancias: la tasa del régimen es del 25% frente al 35% que se toma como referencia en el estudio. Esos 10 puntos de diferencia implican una renuncia recaudatoria de US$763 millones anuales en el escenario base, con concentración de impacto en proyectos de alta rentabilidad como el gas natural licuado de Southern Energy, Los Azules y Vicuña.

Sumadas las retenciones y la diferencia de Ganancias, la pérdida anual alcanzaría US$1.784 millones, es decir, cerca del 68% de la retracción de ingresos calculada. En ese marco, el volumen de inversiones comprometidas debe evaluarse junto con los recursos públicos que se renuncian para sostener condiciones favorables a esos negocios.

La participación de YPF introduce un elemento adicional en el análisis. La compañía participa directa o de forma protagónica en iniciativas con inversiones comprometidas por US$19.932 millones, importe que representa el 40,1% de los US$49.766 millones aprobados hasta septiembre. Una porción considerable de los proyectos implica la implicación de la empresa estatal.