El director de la Casa Argentina en París, Santiago Muzio, presentó su salida tras recibir diversas críticas sobre su manejo institucional. Muzio fue designado en 2024 por el gobierno de Javier Milei y, durante su gestión, recibió señalamientos por decisiones controvertidas.
Entre las acusaciones figuran la retirada de placas conmemorativas a las víctimas de la última dictadura durante obras de remodelación, expulsiones de residentes y la organización de encuentros vinculados con sectores de extrema derecha. La municipalidad de París incluso solicitó a la Cancillería francesa que investigue la gestión de la Casa Argentina al frente del establecimiento.
Para cubrir la vacante, el Gobierno informaría en las próximas horas la designación de Alfredo Soto, abogado oriundo de Rosario.
En sus declaraciones a Le Journal du Dimanche (JDD), Muzio afirmó buscar “liberar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke” y sostuvo que la finalidad sería recuperar la función original de la casa: albergar a estudiantes que vienen a estudiar y promover a la Argentina, especialmente en el ámbito cultural.
La Casa Argentina opera dentro de la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que acoge cada año a unos 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 nacionalidades. Inaugurada en 1928, la residencia depende directamente del Ministerio de Capital Humano argentino y goza de autonomía respecto de las autoridades de la Cité Universitaire.
Muzio, abogado franco-argentino, asumió la dirección en 2024 por decisión del gobierno de Milei. Desde entonces, su gestión estuvo bajo escrutinio público. A principios de este año, durante trabajos de remodelación, se retiraron dos placas en homenaje a las víctimas de la dictadura, lo que generó rechazo entre residentes y organismos de derechos humanos y provocó un pedido de restitución por parte de un grupo de escritores, intelectuales y académicos argentinos.
El director también explicó por qué no firmó la Carta de Valores de la Cité Universitaire, que establece principios de igualdad y no discriminación por motivos de género y orientación sexual. Según dijo, se alineaba con la postura del gobierno argentino que reconoce dos sexos, masculino y femenino.
Sobre la situación de la residencia, Muzio afirmó que encontraron deficiencias estructurales al asumir y que, para documentarlas, fue necesario recurrir a un agente judicial. Señaló problemas de seguridad contra incendios, filtraciones de agua y calefacción defectuosa.
En relación con las reuniones vinculadas a sectores de extrema derecha, el director sostuvo que el alquiler de espacios respondía a un esfuerzo de ordenar las finanzas de la institución, dentro de una “reorganización” de la gestión.
