La diputada nacional Fernanda Miño, de Unión por la Patria, criticó al Gobierno por haber interrumpido las políticas de integración de los barrios populares y presentó un proyecto para prorrogar por diez años la emergencia sociourbana. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de más de 140 legisladores, busca recuperar el financiamiento destinado a obras de infraestructura en esas zonas.
En diálogo con Infobae al Regreso, Miño señaló que el problema no afecta a unos pocos, sino a miles de familias que aún carecen de servicios básicos y afirmó que existen recursos disponibles para retomar las obras pendientes. Aclaró que el proyecto nace en la Mesa Nacional de Barrios, pero insistió en la importancia de considerar la trayectoria iniciada desde 2016, cuando militantes y vecinos de barrios populares empezaron a delinear esa política pública. Miño, quien creció y reside en la villa La Cava, en San Isidro, destacó esta trayectoria como fundamento de la propuesta actual.
La dirigente recordó que las políticas de integración comenzaron a tomar forma institucional con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares y la sanción de la Ley 27.453. Detalló que la construcción de ese marco tuvo la participación de organizaciones sociales, Techo y Cáritas, y que logró sumar el respaldo de distintos sectores políticos. Según ella, esa articulación permitió convencer a diputados y senadores de la necesidad de convertir la intervención en una política pública de largo plazo.
Uno de los instrumentos citados fue el certificado de vivienda, un trámite que facilita acreditar la residencia de los hogares registrados y funcionar como un título posesorio para sus ocupantes. Para Miño, la discusión actual no debería centrarse exclusivamente en la construcción de viviendas, sino en intervenir en los barrios existentes para garantizar servicios e infraestructura de base. “Hay familias que buscan vivienda, pero la prioridad es integrar a las comunidades ya asentadas”, afirmó.
Miño indicó que hoy existen más de 6.400 barrios populares en el país y describió varias carencias persistentes: agua potable, energía, accesos, iluminación, y la falta de espacios de encuentro o salones de usos múltiples. También mencionó problemas derivados de la falta de infraestructura adecuada, como inundaciones y incendios por instalaciones eléctricas deficientes.
La diputada resaltó que durante su gestión se intentó cambiar el enfoque de las políticas habitacionales, priorizando la urbanización de barrios ya existentes y llevando servicios básicos a estas zonas. En ese marco, mencionó el programa Mi Pieza, que entregó apoyo económico para ampliar o mejorar viviendas de mujeres en barrios populares; según Miño, la iniciativa alcanzó a unas 250.000 familias.
