Tras cerrar el juicio por la muerte de los tripulantes del submarino ARA San Juan, las letradas de 34 familiares de las víctimas solicitaron que la condena impuesta se cumpla de forma efectiva y que la instancia de Casación examine los recursos presentados por las querellas.
Las apoderadas Valeria Carreras y Lorena Arias remarcaron que, pese a las objeciones previas, el proceso oral dejó claro que el submarino no estaba en condiciones adecuadas para cumplir su misión y que la tragedia era evitable. En un comunicado, subrayaron que el juicio representó un avance importante para las familias, al reconocerse el estado deficiente del mantenimiento y otras cuestiones centrales que durante años se intentaron silenciar.
El objetivo de lasабogadas es evitar que un hecho de tal magnitud vuelva a cobrar la vida de integrantes de las Fuerzas Armadas. En este marco, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó, el 8 de julio pasado, la condena a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para el excapitán de navío Claudio Javier Villamide, quien ejercía como comandante de la Fuerza de Submarinos. Esa pena fue impuesta por incumplimiento de sus deberes de funcionario público en concurso con estrago culposo agravado por la muerte de la tripulación.
En la misma decisión, por unanimidad, quedaron absueltos el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. El debate, que se extendió por más de cuatro meses y reunió alrededor de 30 audiencias, partió de un hecho que la querella considera probado: el submarino salió con deficiencias técnicas conocidas, entre ellas el vencimiento del carenado y problemas de estanqueidad vinculados a la válvula E19.
Según los jueces de la mayoría, Villamide autorizó la patrulla pese a esas fallas y no adoptó medidas adecuadas cuando, el 15 de noviembre de 2017, la nave reportó ingreso de agua de mar, un cortocircuito y un inicio de incendio. Un día después se perdió el contacto y los restos del buque fueron hallados un año más tarde, a más de 900 metros de profundidad.
Una segunda querella, encabezada por Luis Tagliapietra (padre de uno de los tripulantes), reclamó la nulidad del juicio y un nuevo debate en Mar del Plata. La defensa de Villamide mantiene su postura de absolución y sostiene que, casi nueve años después, no está acreditado con certeza qué ocurrió en las horas previas a la implosión.
La causa pasa ahora a Casación, que deberá decidir si admite los planteos de las querellas y qué resolución corresponde en sede de revisión.
