El Gobierno recibió con reserva las definiciones formuladas por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la realidad social del país y busca prevenir una escalada de tensión con la Iglesia de cara a la próxima llegada del Papa. La preocupación central en la Casa Rosada pasa por la superposición entre la agenda del líder religioso y la discusión parlamentaria sobre un nuevo régimen de Discapacidad, particularmente por la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole.
García Cuerva afirmó que Argentina recibirá al Papa en un contexto de herida y división, con un porcentaje significativo de ciudadanos atravesando dificultades económicas. También mencionó descalificaciones e intolerancia y sostuvo que la crisis es crónica. Sus declaraciones no fueron bien recibidas en distintos sectores del Ejecutivo, aunque no hay una lectura única sobre sus efectos.
Una parte del Gobierno teme que ese diagnóstico de fondo anticipe tensiones durante la visita papal. En ese grupo preocupa especialmente lo relacionado con el Cottolengo, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. “El episodio del Cottolengo podría generar malestar; la organización podría haber sido mejor adecuada,” señalan fuentes oficiales.
Otros funcionarios dentro del propio ámbito gubernamental intentan tranquilizar el escenario. Aseguran que no esperan problemas significativos y sostienen que el Papa no es un visitante adverso para el gobierno; podría generar ruido, pero no esperan mensajes contundentes contra las políticas oficiales. En ese tono buscan que las intervenciones papales se enfoquen en unidad, diálogo y cohesión social.
El Pontífice estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, además de un encuentro institucional con Javier Milei en la Casa Rosada. Para coordinar la visita, el Ejecutivo creó una unidad específica y anunció días feriados ligados a las actividades programadas.
La agenda genera una sensibilidad adicional por la presencia en Claypole en momentos en que el Congreso mantiene abiertas las deliberaciones sobre el nuevo régimen de Discapacidad. La bancada oficialista obtuvo un dictamen de mayoría en Diputados, pero el texto sigue generando diferencias dentro del propio Gobierno en cuanto a costos, alcance y redacción final.
Estas diferencias llevaron a una reunión posterior a la mesa política, con la participación de Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, con el objetivo de acercar posiciones entre Economía y los bloques aliados que negociaron el dictamen. En el Gobierno señalan avances, aunque aún no hay un acuerdo definitivo; algunas posturas sostienen que ciertos cambios técnicos no son opcionales, mientras otros pretenden preservar el formato y el costo acordados originalmente.
