La Corte Suprema emitió un fallo que ordena dejar sin efecto la absolución en la causa que investiga el secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrido en 1976 en el batallón de Ingenieros de La Rioja. Con esa decisión, se reabre una de las causas más emblemáticas vinculadas al historial de violaciones a los derechos humanos atribuidas al militar Milani.
César Milani fue una de las figuras centrales de las Fuerzas Armadas y de la Inteligencia durante el gobierno de los Kirchner. Su ascenso al mando del Ejército se consolidó tras asumir como subjefe en enero de 2011 y culminó con la designación como jefe del Ejército el 3 de julio de 2013. Su trayectoria fue objeto de un amagamado de acusaciones y absoluciones a lo largo de los años, y su figura se convirtió en un ejemplo de la convivencia entre un liderazgo militar y la política de derechos humanos impulsada por la Casa Rosada en ese periodo.
Antes de su llegada a la Jefatura del Ejército, Milani ya había sido foco de investigaciones en causas por violaciones a los derechos humanos, vinculadas a su actividad como joven oficial durante la represión de la dictadura. En Tucumán, enfrentó procesos por la desaparición de Ledo, y en La Rioja, denuncias por secuestros y torturas; en algunas instancias fue absuelto, otras veces sostuvo posiciones judiciales que mantuvieron abiertas las cuestionadas acciones de su pasado.
En el ámbito de la sociedad civil, Milani tuvo una relación compleja con organismos de derechos humanos alineados con el gobierno. Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo no le impidieron interactuar públicamente con dirigentes como Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini; incluso Bonafini lo entrevistó en 2013 y le pidió avances del Ejército para proyectos urbanos en villas. El Centro de Estudio de Libertad y Seguridad (CELS), que a veces objetó su ascenso a teniente general, también formó parte de las voces que miraron con recelo su trayectoria.
La salida de Milani de la cúpula castrense, en junio de 2015, coincidió con la campaña electoral para la sucesión de Cristina Kirchner y estuvo rodeada de especulaciones sobre motivaciones y maniobras políticas. En ese marco, su retirada aparece vinculada a intrigas de alto nivel, asociadas al secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, quien por entonces integraba la fórmula presidencial de Daniel Scioli.
El fallo de la Corte Suprema reaviva la discusión sobre hasta qué punto la protección de derechos humanos debe convivir con el reconocimiento de responsabilidades individuales en un periodo tan controvertido de la historia argentina, y continúa alimentando un debate que—para muchos— expone tensiones entre política, justicia y memoria.
