El Ejecutivo interpretó el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras como una señal positiva que podría dificultar la sesión opositora anunciada para rechazar el DNU 70/2023. En la Casa Rosada sostienen que la restitución provisional de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros debilita uno de los argumentos centrales de los bloques que buscaban oponerse al decreto en su totalidad.
La Corte decidió suspender de forma interina los efectos del artículo 154 del DNU 70, derogado por la Ley 26.737, hasta que el Juzgado Federal de Bariloche resuelva la legitimación de los demandantes y analice el pedido de cautelar. La medida no pronuncia sobre la constitucionalidad del DNU ni cierra la discusión judicial.
Desde el oficialismo señalan que este giro judicial puede modificar las negociaciones en el Congreso. En Balcarce 50 mantienen conversaciones con aliados y confían en que la oposición no alcance el quórum necesario para abrir la sesión especial, aunque continuarán dialogando para evitar que el DNU avance hacia el recinto.
La lectura oficial es que aquellos diputados que cuestionaban específicamente la eliminación de los límites a la extranjerización de tierras ya no requieren respaldar un rechazo total del decreto para mantener, en la práctica, esas restricciones vigentes. Mientras tanto, la Justicia mantiene suspendido el artículo cuestionado a la espera del desarrollo del expediente.
Ese cambio de escenario podría alterar la estrategia que el Gobierno venía preparando en Diputados. Hasta hace poco, el oficialismo evaluaba volver a incorporar un capítulo sobre tierras rurales dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, como una vía alternativa para captar apoyo de bloques pragmáticos.
Ahora, en la Casa Rosada analizan no avanzar con ese proyecto ni reinstaurar el capítulo de Tierras mientras la cuestión siga judicializada. La prioridad pasa por evitar reabrir una discusión que el Ejecutivo considera políticamente costosa y esperar la resolución de los tribunales inferiores.
El giro implica, al menos por el momento, abandonar el intento de reabrir en el Congreso el tema de las restricciones que había eliminado con el DNU 70. En ámbitos oficiales reconocen que la liberalización de la compra de tierras por extranjeros nunca tuvo respaldo suficiente ni político ni social, y que insistir con el tema podría generar un conflicto innecesario.
La evolución judicial y la lectura interna en el Gobierno marcan una menor probabilidad de movimientos legislativos vinculados a Tierras mientras persista la controversia judicial, y priorizan la contención de un debate que podría resultar políticamente riesgoso antes de la resolución definitiva de los tribunales superiores.
