La discusión sobre el régimen penal juvenil, que redujo la imputabilidad a los 14 años, continúa en la agenda judicial y política. El 5 de septiembre el nuevo marco entró en vigencia, pero dos días después la jueza Marta Elba Pascual, al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó una suspensión preventiva por 60 días de su aplicación. La medida se apoyó en un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, representada por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe, en representación de adolescentes privados de libertad.

El 15 de septiembre, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó ese fallo, al entender que había una intromisión indebida en las facultades de otro poder del Estado, y ordenó a la magistrada reconsiderar su competencia para seguir interviniendo en la causa.

En otro tramo del expediente, la jueza De Marinis dictaminó que la inconstitucionalidad alcanza únicamente el artículo 1 de la ley 27.801, que delimita el alcance de la nueva normativa.

Las respuestas políticas no tardaron en aparecer. Patricia Bullrich respondió con críticas, señalando que resulta muy difícil construir un país normal ante este tipo de resoluciones y subrayando que, desde su óptica, ciertos jueces priorizan la defensa de los delincuentes por sobre la justicia para las víctimas, a partir de enfoques garantistas que, en su lectura, favorecerían la impunidad.

Por su parte, Jorge Macri anunció que impulsará un juicio político contra la jueza porteña que declaró la inconstitucionalidad del régimen, en medio de una ola de reacciones que acompasan la respuesta institucional y mediática al fallo judicial.