La posibilidad de privatizar AySA no aparece como imminente dentro del marco contractual vigente. Según estimaciones de la propia empresa, la cobertura de agua potable alcanzaría el 100% dentro de cuatro décadas y la red de cloacas cubriría a toda la población en cinco años más.
La concesión abarca 3.363,51 km² del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sirve a más de 15 millones de personas. En el inicio del proceso, aunque el nuevo titular deberá invertir aproximadamente US$2.000 millones hasta 2031, la proporción de residentes conectados no cambiaría de forma relevante.
El contrato establece que, al finalizar los 30 años iniciales, la cobertura mínima deberá ser del 90% de la población para el agua y del 75% para cloacas. AySA calculó que para 2056 la cantidad de habitantes con servicio de agua será de 14.176.000, con una caída poblacional, y habrá 4.930.000 cuentas de servicio, las cuales no equivalen necesariamente a hogares, ya que un edificio puede generar varias cuentas.
La proyección indica que el agua llegará al 100% en el año 40 y las cloacas en el año 45. Este horizonte supera incluso una posible prórroga de diez años, por lo que la universalización se presenta como una estimación y no como una obligación estricta del contrato vigente.
El avance durante el primer ciclo tarifario —entre 2027 y 2031— será modesto. Al cabo de ese periodo, la cobertura de agua pasaría de 74,5% a 75,3% (un incremento de 0,8 puntos porcentuales), mientras la de cloacas subiría de 63% a 63,9%.
Alejo Maxit, presidente de AySA, afirmó a LA NACION que, en ese primer ciclo, hay que ordenar la infraestructura existente, ya que expansiones hechas sin una planificación integral generaron un “estrés de infraestructura” considerable. Atribuyó esa situación al deterioro acumulado durante gestiones anteriores y afirmó que la empresa nació de una estatización en 2006; afirmó que, a lo largo de su historia, AySA no logró un resultado positivo sostenido y que recibió apoyo estatal para subsistir, señalando que buscan salir de esa dependencia.
Maxit sostuvo que la empresa llegará saneada y sin aportes del Tesoro para gastos corrientes. También cuestionó la ejecución de inversiones públicas: si una obra depende de asistencia estatal y se interrumpe repetidamente durante más de un año, terminan elevándose costos que, a su juicio, se traslada a los usuarios mediante tarifas más altas o al financiamiento público.
Un informe gubernamental corroboró parte del diagnóstico: entre 2006 y 2023, el costo operativo real por metro cúbico aumentó cerca del 80%. Aun con una transferencia del Tesoro de US$13.400 millones (US$10.000 millones para inversiones y US$3.400 millones para gastos corrientes), casi una cuarta parte de la red (28%) tiene más de 50 años; la tasa de renovación fue inferior al 1% anual y aproximadamente 42% del agua no contabilizada se mantuvo en ese periodo.
