El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes que sus hermanos Flavio, Hugo y Rosana Caputo quedarían fuera de la causa que investigaba posibles aportes de Caputo Hermanos S.A. a Revolución Federal, una agrupación antikirchnerista que encabezó protestas contra el gobierno de Alberto Fernández y que, en 2022, quedó vinculada al intento de atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner tras conocerse que Brenda Uliarte participó en una protesta de la organización días antes del hecho.
En su publicación por X, Caputo cuestionó el uso de recursos públicos y señaló que buena parte de la cobertura periodística ha colaborado con lo que llamó la “persecución más ridícula de la historia”, sugiriendo fines políticos detrás de la pesquisa. También citó una nota de La Nación y afirmó que se trata de una persecución de carácter político por parte del kirchnerismo, que busca dañar a quienes discrepan del poder.
El expediente analizaba si Caputo Hermanos S.A., la empresa constructora de los hermanos del ministro, financiaba actos de Revolución Federal de forma encubierta, presentando los pagos como contratos de carpintería para la empresa de Jonathan Morel, uno de los referentes de la agrupación, para amoblar el edificio Espacio Añelo en Vaca Muerta. Caputo aseguró que la obra fue real y que la documentación aportada (remitos, facturas, transferencias, informes de AFIP y bancos) demuestra que Espacio Añelo se construyó, que los muebles se fabricaron, entregaron e instalaron, y que los proveedores involucrados eran realmente proveedores.
En su cierre, el ministro afirmó que la cronología de las operaciones —con búsqueda de proveedores, presupuestos, facturación y pagos— se alinea con un trabajo genuino y no con un esquema para desviar fondos hacia Revolución Federal. Subrayó que la secuencia de hechos y la relación comercial entre Rosana Caputo y Morel existían antes de la creación de Revolución Federal (mayo de 2022), lo que, a su criterio, debilita la hipótesis de financiamiento oculto.
La noticia de este fallo fue difundida por La Nación y se enmarca en un contexto de investigaciones que, según Caputo, estuvieron motivadas por motivaciones políticas y por el uso del aparato estatal para dañar a quienes cuestionan al gobierno.
