El Gobierno de Osvaldo Jaldo enfrenta nuevos cuestionamientos por la licitación del paquete mayoritario de EDET, la distribuidora eléctrica de Tucumán controlada por el Grupo Neuss. Los planteos llegaron desde la Legislatura provincial, donde varios legisladores afirman haber detectado un trato preferencial hacia la empresa y dificultades para acceder a información del negocio, mientras que el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, descartó que exista un acuerdo irregular.

La información que difundió Ámbito, en base a declaraciones de dos representantes de la Legislatura, señaló que las críticas abarcan tanto las prórrogas del proceso como el impacto de las tarifas sobre los usuarios. En ese marco, se recordó que la normativa vigente está contenida en la Ley 10.006, promulgada el 5 de octubre, la cual contempla un acta entre la Provincia y EDET que fija como fecha límite para llamar a licitación el 30 de diciembre de 2026 y como vencimiento del segundo periodo de gestión el 4 de agosto de 2027. Esas son las fechas oficialmente establecidas; los plazos previos, mencionados en discusiones públicas (septiembre y abril), no reemplazan lo que figura en el texto legal.

José Seleme, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Legislatura, cuestionó la transparencia para conocer el costo de compra de la energía y advirtió que la agrupación de distintas actividades del grupo podría terminar afectando a los usuarios. Por su parte, Manuel Courel criticó las sucesivas postergaciones y vinculó esas decisiones a una supuesta continuidad en el control empresarial. Aunque las observaciones tienen perfil político, no equivalen a una resolución judicial que acredite un pacto ilícito.

En respuesta a Ámbito, Abad negó la existencia de cualquier acuerdo irregular. Señaló que la prórroga se ampara en la Ley 6.608 y en el contrato de concesión, y aclaró que los balances de la compañía se presentan ante la Dirección de Personas Jurídicas.