La decisión de enviar el buque chileno Danstar, cargado con mercadería e insumos para las Islas Malvinas y con origen en Punta Arenas, para operarlo en noviembre, reavivó la tradicional disputa bilateral y llevó a que representantes de ambos países protagonizaran una serie de cruces que amplían la brecha en la relación político-diplomática. En paralelo, se registran movimientos en Argentina para presionar al Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, especialmente en el marco del proyecto Sea Lion.

En este contexto, la semana pasada el Parlamento de Chile aprobó siete resoluciones que podrían blindar la ruta marítima privada entre Punta Arenas y el archipiélago. Durante una sesión especial celebrada el 6 de octubre, la Cámara de Diputados instó al presidente José Antonio Kast a adoptar una postura más firme en defensa de los intereses nacionales.

Las propuestas, impulsadas por distintos legisladores, exigen derogar el Decreto 457/2021, una norma de la gestión anterior en Argentina que definía al Estrecho de Magallanes y al Paso Drake como espacios compartidos para exploración y control, formulación que Chile considera una violación de su soberanía. Además, proponen reforzar la presencia de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) en la zona austral y consolidar una política de defensa fronteriza con horizonte a 2040.

A pesar de la buena relación entre Milei y Kast, las resoluciones fueron respaldadas por el bloque oficialista. La Resolución N° 265, presentada por diputados como Diego Schalper, Luis Pardo y Juan Carlos Beltrán, subrayó la importancia estratégica del Estrecho de Magallanes para el comercio internacional y el libre tránsito conforme a los tratados vigentes.

En total, las siete resoluciones no son homogéneas ni unánimes: van desde un marco de consenso institucional hasta señales que se apartan de la sintonía oficial entre Santiago y Buenos Aires. La más transversal reafirma la plena vigencia de los tratados limítrofes, con 100 votos a favor y una abstención. En el extremo opuesto, una resolución exige anteponer el interés nacional de Chile a la afinidad política con el gobierno argentino, obteniendo 60 votos a favor, 31 en contra y 9 abstenciones. El conjunto representa, en términos prácticos, un mensaje político claro al Ejecutivo.

Entre las demás medidas se contempla una política integral de resguardo con proyección 2040, la reversión de recortes presupuestarios que afectan a Magallanes y la derogación formal del Decreto 457/2021. La iniciativa presentada por diputados del Partido Socialista fue la más ambiciosa: además de reclamar la derogación de 457/2021, planteaba gestiones diplomáticas para dejar sin efecto el Decreto 256/2010 y otras medidas complementarias.