El Gobierno argentino avanza junto a Estados Unidos en un programa para reemplazar progresivamente la tecnología de origen chino que hoy se emplea en redes del sector público y para montar un centro nacional de operaciones de ciberseguridad. El proyecto cuenta con financiamiento del Departamento de Estado y busca revisar la infraestructura informática del sector público, definir qué equipamiento debe ser reemplazado y ampliar la capacidad de detección y respuesta ante incidentes.
Según lo difundido por medios nacionales, el plan prevé también reemplazar equipamiento de Huawei instalado en el núcleo de las redes gubernamentales y desarrollar una estructura de monitoreo de alto alcance, que actualmente no tiene el Estado. El centro de operaciones estaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y no quedaría dentro de ARSAT.
La iniciativa se alinea con una convocatoria de financiamiento del Departamento de Estado, por hasta US$13.912.185, destinada específicamente a la Argentina. El programa plantea un plazo de hasta 36 meses para diseñar, implementar y poner en funcionamiento un centro civil y centralizado capaz de proteger redes gubernamentales e infraestructura crítica.
Un documento estadounidense circula entre áreas vinculadas a la negociación y señala, de forma explícita, el trasfondo estratégico: Argentina solicitó asistencia para fortalecer su ciberseguridad mediante una transición ordenada hacia tecnología considerada confiable por Washington y para reducir la dependencia de proveedores externos al hemisferio. El texto subraya además la necesidad de avanzar en ese proceso mientras se desplaza el equipamiento de origen chino y propone acompañar la transición de una revisión integral de las redes públicas para identificar dónde persisten equipos sensibles y qué sistemas deberían quedar bajo observación del futuro centro.
La primera etapa del plan contempla un relevamiento de redes, sistemas y centros de datos del Gobierno nacional, con la finalidad de crear inventarios actualizados, identificar equipos no confiables y establecer una prioridad para retirarlos, aislarlos o neutralizarlos sin interrumpir servicios esenciales.
El segundo eje busca dotar al país de una capacidad de monitoreo permanente sobre esas redes. El proyecto incluye la implantación de sistemas para centralizar registros de seguridad, instalar sensores, detectar comportamientos anómalos, cruzar información de amenazas y coordinar la respuesta ante incidentes entre organismos públicos.
Además, el documento también contempla una revisión del marco legal argentino: qué atribuciones tendrá el centro, qué información podrán compartir las dependencias, cómo se almacenarán los datos y qué responsabilidades recaerán sobre cada área ante una intrusión o ataque. En paralelo, el programa reserva cerca de US$5 millones para el diseño de la arquitectura tecnológica, entre otros componentes.
