El proyecto fue presentado por el diputado nacional Guillermo Michel, representante del peronismo entrerriano, y propone que Argentina denuncie dos instrumentos bilaterales con Chile en respuesta a la reanudación de la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa busca retirar las protecciones y las ventajas fiscales que esos convenios otorgan a las empresas chilenas que invierten en territorio argentino.

Michel cuestionó la salida del buque Danstar, portando bandera de Chile y propiedad de Easter Island Naviera, anunciada para noviembre. Según el legislador, ese viaje facilitaría el abastecimiento de la población de Malvinas y permitiría restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino. A su entender, la vuelta de esa ruta evidencia, a su juicio, una falta de solidaridad por parte de Chile con la causa Malvinas.

La propuesta instruye al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a gestionar la denuncia de dos instrumentos bilaterales: el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Ley 24.342) y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en Relación a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal (Ley 27.274).

Según los fundamentos difundidos por el diputado, esos pactos conceden beneficios a empresas chilenas que realizan inversiones y obtienen rentas en Argentina, entre ellos límites a las retenciones sobre dividendos, intereses y regalías. La iniciativa plantea revisar esas ventajas como respuesta a la supuesta cooperación logística que, atribuye Michel, Chile presta al accionar de empresas en Malvinas.

“Defender la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y sus recursos naturales es un deber para Argentina”, sostuvo. También afirmó que no se puede ignorar el accionar de países que brindan apoyo logístico al accionar considerado ilegal en ese territorio argentino. El diputado vinculó la medida a la necesidad de trasladar el reclamo de soberanía al plano económico, advirtiendo que si Chile decide seguir operando en Malvinas sin cesar, no debería obtener beneficios económicos y fiscales por inversiones en Argentina. Añadió que la idea no es romper relaciones diplomáticas ni el diálogo, sino evitar mantener ventajas cuando Chile continúa oponiéndose a la causa Malvinas.