El diputado nacional por el bloque del peronismo entrerriano, Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley que propone que el Poder Ejecutivo declare la terminación de dos acuerdos bilaterales que hoy otorgan beneficios fiscales e impositivos a compañías chilenas que operan en territorio argentino.
La iniciativa surge a raíz de la reactivación de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. Según el texto, la primera navegación del buque Danstar, con bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera, está prevista para noviembre con el objetivo de abastecer a los habitantes de las Islas y restablecer un servicio comercial regular con Puerto Argentino. Michel afirmó que esa reanudación demuestra “la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas”.
El proyecto insta al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a denunciar formalmente dos instrumentos jurídicos: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones entre Argentina y Chile (aprobado por la Ley 24.342) y el Convenio entre Argentina y Chile para eliminar la doble imposición en materia de impuestos a la renta y al patrimonio, y para prevenir la evasión fiscal (aprobado por la Ley 27.274). Denunciar un tratado implica notificar oficialmente la decisión de retirarse del convenio, sin romper relaciones diplomáticas.
Ambos acuerdos fijan límites a las retenciones sobre ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías que perciben empresas chilenas en Argentina, y, por tanto, la posible retirada implicaría modificar ese marco de protección de inversiones y fiscalidad.
En sus fundamentos, Michel subrayó que Argentina mantiene una disputa de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas y zonas aledañas, y cuestionó que Londres continúe promoviendo actividades económicas y de explotación de recursos en áreas en disputa sin la autorización argentina. Afirmó que el país debe sostener la defensa de su soberanía sobre las islas, su territorio y sus recursos naturales, y resaltó que no puede pasar por alto actos de terceros que prestan apoyo logístico a actividades consideradas ilegales en ese territorio.
El proyecto sostiene que Argentina dispone de herramientas para proteger sus derechos soberanos. En particular, cita la Ley 26.659 —modificada por la Ley 26.915—, que establece un régimen de prohibiciones y sanciones para quienes participen en exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental sin autorización de la autoridad competente. Sobre ese marco, el texto indica que la reciente decisión del Gobierno Nacional de retomar ciertos derechos y funciones vinculados a la defensa de la soberanía forma parte de la estrategia argentina para salvaguardar sus intereses.
