La Corte Suprema dio curso a un planteo y restituyó un artículo del megadecreto 70/2023, implementado por el gobierno de Milei, que entre otros cambios quitó límites a la venta de tierras a extranjeros. Esa decisión impulsó a la oposición a intentar derogar el DNU en la Cámara de Diputados. Si, en la sesión convocada para el 15 de octubre, la oposición logra vencer, la norma quedaría derogada, dado que el Senado ya se manifestó en su contra en marzo de 2024.
Más allá de la Ley de Tierras, un eventual rechazo del DNU pondría en jaque la extensa batería de modificaciones y derogaciones que aquel texto introdujo. En ese escenario, las normas anuladas volverían a regir y el marco legal recuperaría, en buena medida, el funcionamiento previo a diciembre de 2023.
Fuentes oficiales señalan que ocho puntos del DNU, que totaliza 366 artículos, serían los más afectados y quedarían vigentes si se revoca la norma, ya que no han sido respaldados por leyes posteriores que les dieran mayor solidez.
Quienes venían defendiendo el restablecimiento de un marco regulatorio anterior señalan que—según su interpretación—el restablecimiento de ciertas normas podría ser más viable a través de mecanismos legislativos alternativos, sin necesidad de sostener el DNU en su forma original. Uno de los actores citados es Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, hoy cercano al oficialismo, que ha propuesto vías distintas para reinstaurar la Ley de Tierras.
El fallo de la Corte Suprema que desestima el planteo contra la derogación de la Ley de Tierras podría reactivar el sistema institucional. En Diputados, a diferencia de lo ocurrido en el Senado en 2024, no se avanzó en tratar el tema de inmediato, pero la discusión continúa y la oposición busca opciones legales para encauzarla.
Si la Cámara baja llega a derogar el DNU, el impacto sería inmediato en la vida cotidiana y en la seguridad jurídica: volverían normas derogadas como la Ley de Alquileres y podrían quedar pendientes avances como acceso a internet satelital, entre otros aspectos de la agenda regulatoria.
La oposición ya avanzó con la convocatoria a una sesión especial para el 15 de octubre con el objetivo de tratar el DNU 70, además de proyectos asociados a la prórroga de la emergencia en discapacidad y a la morosidad y endeudamiento familiar.
Para obtener el quórum se requieren 129 diputados; de lograrse, la mayoría simple—la mitad más uno de los presentes—sería suficiente para imponer un giro y vencer el DNU.
Entre los firmantes del pedido de sesión figuran Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto con legisladores del peronismo, Provincias Unidas y la izquierda.
