Los docentes y nodocentes de las universidades argentinas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA), confirmaron que afrontarán una nueva Marcha Federal Universitaria luego de la ruptura de las negociaciones entre los gremios y el Ministerio de Capital Humano. Desde la UBA se reclamó convalidar el 32,5% previsto por la Ley de Financiamiento Universitario, cifra que no fue aceptada por el Gobierno.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro de 23 días, que se desarrollará de forma escalonada, y adelantaron que el martes 15 de octubre se desplegarán hacia el Palacio de Tribunales para la quinta edición de la movilización.
La medida de fuerza responde, según señalan, al “incumplimiento sistemático de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno” y, durante el paro escalonado, las actividades de visibilización se realizarán de forma rotativa en cada repartición y unidad académica entre el lunes 21 y el jueves 22 de octubre.
El secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, criticó que “un gobierno decida qué ley cumplir y cuál no” y sostuvo que, en democracia, la normativa debe cumplirse. Remarcó que la Corte Suprema y el Congreso de la Nación han respaldado esa idea y subrayó que, en su visión, el Ejecutivo no respeta a ninguno de los dos poderes.
El conflicto se enmarca en el fracaso de la ronda paritaria celebrada este jueves en el Palacio Pizzurno, convocada por la Secretaría de Educación. En esa reunión, el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada unánimemente por los gremios. Además, reclamaron, junto con esos porcentajes, una recomposición del 32,5% correspondiente a los salarios perdidos durante los primeros años de la gestión de Javier Milei, tal como establece la Ley de Financiamiento Universitario. La oferta del ministerio fue la misma que se presentó a principios de mes, sin cambios.
Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), afirmó que el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en democracia, subrayando que ya se adelantó por parte de dos poderes —el Legislativo y el Judicial— que la norma debe aplicarse, mientras el Ejecutivo continúa sin acatarla.
La consigna de apoyo a la medida se sustenta en el fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick, que en diciembre pasado ordenó al Ejecutivo dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a actualizaciones salariales y presupuestarias. El 1 de septiembre, Cormick rechazó la petición para dejar sin efecto la cautelar; la Corte Suprema ratificó esa vigencia el 25 de junio.
