Este martes, el Gobierno formalizó ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) un pedido para que ordene al Reino Unido la adopción de medidas cautelares que detengan la explotación de hidrocarburos en la cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion.
Clarín había adelantado la vía elegida por la administración de Javier Milei al vencer un ultimátum para que Londres cesara las actividades unilaterales en las Malvinas; de no hacerlo, se habría iniciado una presentación judicial que muchos juristas venían sugiriendo desde hace años, tanto dentro como fuera del país.
El escrito, elaborado por los abogados que asesoran y representan a la Argentina ante el ITLOS y con la participación de la Secretaría de Legal y Técnica (a cargo de María Ibarzabal Murphy) y del Consejero Legal de la Cancillería, consta de 49 páginas. Clarín accedió al documento a través de las publicaciones del propio tribunal.
Más allá de detener las perforaciones, la demanda apunta a impedir que el avance del proyecto y las decisiones administrativas asociadas alteren las condiciones en las que deberá discutirse el conflicto. De acuerdo con el funcionamiento del ITLOS, la corte fijará audiencias probablemente para noviembre, y, semanas después, podría emitir una resolución sobre las medidas cautelares.
El ITLOS, además, no abordará de forma directa la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Sin embargo, otorgar la razón a la Argentina significaría un triunfo de alto impacto y con efecto jurídico obligatorio para el Reino Unido.
Entre las medidas solicitadas se destacan cuatro puntos concretos: 1) Frenar Sea Lion, cuyo inicio podría estar previsto para 2027, para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte; 2) Restringir el uso de la información obtenida durante la exploración, para evitar que datos recopilados se utilicen en perjuicio de los derechos argentinos o se transfieran a terceros; 3) Proteger el medio marino, evitando que acciones británicas entorpezcan el cumplimiento de las obligaciones argentinas de preservar el ambiente marino; 4) Evitar nuevas decisiones unilaterales, exigiendo que Reino Unido se abstenga de adoptar medidas que agraven la controversia, en particular la concesión de nuevos permisos en la plataforma continental disputada.
El Gobierno sostiene que Londres no puede explotar unilateralmente recursos de una plataforma continental cuya soberanía está en disputa, y advierte que el inicio del proyecto podría provocar efectos que impacten el marco de la disputa.
