El Gobierno mantendrá este martes una mesa política para definir la estrategia legislativa del paquete de medidas sobre Malvinas impulsado por Milei y estudia lanzarlo inicialmente desde la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada estiman que esa vía ofrece mejores condiciones para lograr una aprobación rápida en primera lectura y confían en sumar apoyos de bloques dialoguistas y de sectores opositores.
Desde el oficialismo aseguran que no deberían presentarse impedimentos en ese tramo inicial. Se sostiene que el contenido del proyecto podría favorecer una mayoría transversal y que el debate sobre Malvinas reduciría el margen para que la oposición rechace la iniciativa de manera cerrada. La meta es lograr una media sanción “sin trabas”, aunque el texto definitivo aún está en etapa de elaboración.
Diputados aparece como la opción preferida también por una cuestión de calendario. En Balcarce 50 destacan que la Cámara baja quedó con mayor margen después de avanzar en reformas como la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal II y otros proyectos que luego pasaron al Senado. “Estamos liberados en Diputados”, resume una fuente de la conducción.
La situación es distinta en la Cámara alta, donde se acumulan varias iniciativas—entre ellas el super-RIGI, la reforma política, cambios en Zonas Frías, la Carta Orgánica del BCRA y Inocencia Fiscal II, entre otros—y requieren negociación. Patricia Bullrich busca ordenar esa agenda mediante sesiones separadas, mientras el oficialismo continúa afinando modificaciones y buscando respaldos para varios expedientes.
La mesa política del martes deberá definir el mecanismo de ingreso formal del proyecto, el esquema de comisiones, los interlocutores con la oposición y los plazos que intentará imponer Martín Menem. El Gobierno quiere evitar una discusión prolongada que diluya el impacto político del anuncio y busca que la votación en el recinto esté suficientemente encaminada.
El texto en tanto propone endurecer el régimen vigente contra las empresas que realicen actividades no autorizadas en Malvinas. Entre sus medidas, modificaría la Ley 26.659 para ampliar sanciones a proveedores, prohibiría que los infractores contraten con el sector público o privado en Argentina y permitiría, cuando corresponda, el juicio en ausencia.
Además, ampliaría el alcance de las penas a otras actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y crearía un Consejo de Seguridad Nacional que coordinaría Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con competencia sobre infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.
La iniciativa se presenta como complemento a las medidas que el Ejecutivo ya implementó por decreto, orientadas a acelerar procesos de investigación sobre empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera.
