La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y la CTA-T, junto al Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM La Plata) y diversas organizaciones de derechos humanos, confirmaron una movilización para este martes a las 16 ante Tribunales. La protesta busca cuestionar la sentencia de la Corte Suprema vinculada al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el cual eliminó límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y derogó la Ley de Tierras.
Durante una conferencia de prensa en la sede de la CTA, Hugo Godoy, conocido como “Cachorro”, cuestionó la decisión judicial por no haber reconocido la legitimidad de los excombatientes para impulsar la demanda. Comentó que parece contradictorio que esos veteranos, que entregaron vidas para defender la nación, no puedan presentar un trámite judicial para evitar la extranjerización de tierras.
La jornada en Tribunales tendrá continuidad en el Congreso el 15 de octubre, cuando sectores de la oposición buscan reunir quórum en la Cámara de Diputados para avanzar, entre otros objetivos, con la derogación del DNU 70/23. El titular de la CTA-T, Hugo Yasky, sostuvo que esa opción permitiría enfrentar de fondo la extranjerización de tierras y vinculó la medida a otros debates que atraviesan la norma, como aspectos de la Ley de Alquileres y de cambios laborales que la oposición pretende revertir.
La presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Mariela Pérez Cisneros, alertó sobre una “ventana de tiempo” que podría facilitar operaciones de compra de tierras por parte de extranjeros si no se actúa con suficiente celeridad. Por su parte, el CECIM La Plata repitió su postura de que la Corte no debería haber invalidado la legitimación de los excombatientes para discutir estos temas de soberanía; desde esa agrupación sostienen que sería positivo contar con un fallo favorable al pueblo.
En el plano judicial, el juez Enrique Alonso Regueira rechazó la medida interina solicitada por Miguel Ángel Pichetto para suspender los efectos del DNU 70/30 —con el objetivo de mantener límites a la compra de tierras por extranjeros— y otorgó al Gobierno un plazo de cinco días hábiles para presentar respuesta antes de definir. Pichetto había pedido acortar ese plazo a dos días, argumentando que, durante la tramitación, podrían ejecutarse operaciones amparadas por la norma.
El panorama sigue abierto: además del choque entre cortes y parlamento, la discusión sobre la soberanía de las tierras continúa siendo un punto álgido en la agenda política y social.
