El gobierno de Javier Milei se propone abrir una nueva etapa en la disputa con el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Este lunes vence el plazo de dos semanas que Argentina había fijado para que Londres suspenda las actividades vinculadas con Sea Lion, el proyecto ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. A partir de ese momento, la Cancillería evaluará pedir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, con sede en Hamburgo) que emita medidas provisionales para impedir que el emprendimiento avance antes de que comience la extracción de crudo, prevista para 2028.
La fecha exacta de la presentación aún no está definida. La iniciativa se enmarca en el paquete de acciones anunciado por el Gobierno el 28 de septiembre y podría traducirse en una primera resolución durante noviembre.
La clave jurídica es que Argentina no puede ordenar por sí sola la paralización de Sea Lion. El objetivo oficial es activar la intervención de una instancia internacional que, tras escuchar a las partes y evaluar los fundamentos, pueda dictar medidas provisionales, imponer restricciones o rechazar el planteo.
La estrategia combina dos vías: por un lado, el arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la formación de un tribunal arbitral; por otro, una intervención previa de ITLOS, con sede en Hamburgo, que puede resolver pedidos urgentes mientras se conforma dicho arbitraje.
El arbitraje de fondo podría durar varios años. Las medidas provisionales, en cambio, suelen resolverse con mayor celeridad, y concentran las expectativas inmediatas del Gobierno.
La decisión fue anunciada el 28 de septiembre por la Oficina del Presidente y difundida por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El comunicado indicó que Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje previsto en el Anexo VII para impedir las actividades hidrocarburíferas de Sea Lion y otras medidas que, desde la visión argentina, podrían agravar la controversia, como la otorgación de nuevos permisos de explotación.
El documento también señaló que Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso de incumplimiento, anticipó que recurriría al Tribunal para solicitar las medidas destinadas a preservar sus derechos.
El Presidente ratificó el anuncio en su cuenta de X, afirmando haber instruido a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por lo que definió como saqueo de recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, y adelantó que, si en 2 semanas no se frena la explotación, el país recurriría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
