Una presentación ante la Justicia Federal sostiene que la pérdida de unas 30.000 hectáreas en Santa Cruz habría sido el resultado de una secuencia de operaciones indebidas, créditos sobredimensionados, decisiones judiciales controvertidas y presiones políticas. La denuncia apunta a Lázaro Báez, a Víctor Manzanares y a funcionarios y abogados vinculados al entorno kirchnerista, y propone investigar el rol de Néstor Kirchner.
La acusación se presentó ante el juez federal Sebastián Ramos por Ana Edith Bórquez de Fadul, quien estuvo asesorada en lo legal por Marcela Campagnoli, ex diputada de la Coalición Cívica, y por el abogado Federico Bazzan. La denunciante sostiene que fue despojada de parte del patrimonio familiar y señala la posibilidad de que detrás de esa maniobra existiera una cadena de decisiones empresariales, bancarias, judiciales y políticas coordinadas.
En el núcleo de la denuncia figuran las estancias Río Bote y La Entrerriana, que integraban la explotación agropecuaria de la familia Fadul y, según la relato, operaban como una unidad productiva de aproximadamente 30.000 hectáreas. Río Bote fue incluido por el fiscal Diego Luciani entre las estancias cuyo decomiso solicitó en el marco del juicio Vialidad. Sin embargo, esa propiedad no fue rematada por orden del Tribunal Oral Federal 2 en Vialidad. En 2022, Río Bote fue subastada dentro de la quiebra de Austral Construcciones, gestionada por el Juzgado Comercial N° 28, y se la vendió por alrededor de 39 millones de pesos.
La Entrerriana también aparece en el universo de estancias analizadas durante el proceso Vialidad como parte de las adquisiciones de Báez/Austral Agro, aunque no figura entre las 12 instalaciones que Luciani indicó para decomisar en su alegato. Entre las estancias mencionadas en el expediente figuran Río Bote, Cruz Aike, El Campamento, La Porteña, Río Onli, Laguna Asador y otros, sin que La Entrerriana conste en esa lista oficial de decomisos.
La denuncia no se limita a Báez: también solicita investigar al ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares; al abogado Domingo Ortiz de Zárate; a los ex jueces Santiago Lozada y Graciela Drudi de Mau; y a Diego Palleros, tanto padre como hijo, señalados como posibles involucrados en la trama. A la vez, la presentación alude a Néstor Kirchner y a otros actores, sin detallar plenamente sus roles.
Entre otros datos, la denuncia recuerda una discrepancia numérica importante para el caso: mientras el expediente inicial trabajaba sobre 30.000 hectáreas, la referencia a la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) señala 20.000 hectáreas, para contrastar magnitudes y contextos en la argumentación presentada ante la Justicia.
