El Ejecutivo avanzará esta semana con una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con el objetivo de activar una medida cautelar que impida la explotación de hidrocarburos por parte de las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en proyectos ubicados en las aguas que rodean las Islas Malvinas, dentro de la denominada Cuenca Norte. Es parte de la batería diplomática de la administración de Javier Milei para reclamar la soberanía sobre el archipiélago, que ya incluyó sanciones y un proyecto de ley orientado a reforzar la seguridad, defensa y control de recursos.
Desde el Ejecutivo explicaron la elección de este órgano, situado en Hamburgo, señalando que es “un ente independiente de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” y que los abogados de la Procuración del Tesoro, junto con la Consejería Legal de la Cancillería a cargo del embajador Mario Oyarzabal, se harán cargo del trámite. Este lunes, en el Palacio San Martín, evitaron fijar fechas precisas para el inicio del proceso, aunque desde la Casa Rosada se deslizó que el procedimiento podría concretarse en el transcurso de la semana.
Las corridas de especulaciones sobre la celeridad del trámite se encendieron porque, en teoría, este lunes vencía un plazo que el gobierno argentino había fijado para que Gran Bretaña adoptara medidas para impedir el inicio o la continuidad de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la llamada “Plataforma Continental Argentina”, vinculadas al proyecto Sea Lion impulsado por Rockhopper y Navitas en aguas cercanas a las Islas.
No obstante, una fuente oficial aclaró que no hubo un vencimiento formal de plazo para presentar ante el Tribunal, aunque ese mismo aviso había sido mencionando en un comunicado de la Oficina de Presidencia dentro del marco de la estrategia de “malvinización” del Gobierno de Milei, ideada por Santiago Caputo.
El canciller Pablo Quirno había señalado días atrás a A24 que esta era, en la historia reciente, la primera vez que Argentina recurre a un tribunal internacional para cuestionar acciones unilaterales del Reino Unido en torno a la explotación de los recursos en la región. En la jornada, no respondió a la requisitoria de este medio.
El ITLOS, con sede en Hamburgo, está integrado por 21 magistrados; entre ellos figura una jueza argentina en la función de vicepresidenta. Se trata de Frida Armas, una jurista que trabajó en la Cancillería pero que no forma parte de la estructura burocrática del Palacio San Martín. Fuentes cercanas señalan que podría excusarse y que su intervención habría sido clave en momentos decisivos para la delimitación de ciertos límites, entre otros aspectos.
