La Procuraduría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó un recurso de apelación contra el fallo de sobreseimiento dictado en favor del menor investigado, un adolescente de 14 años, y la causa quedó en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El expediente será evaluado por el camarista Ignacio Mahiques, hermano del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

El recurso fue interpuesto por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad después de que la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3, Laura De Marinis, dictara el sobreseimiento del menor en la investigación.

Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil, además de cuestionar la sentencia, solicitaron que De Marinis sea apartada del expediente y que otro juez continúe con la pesquisa.

En cuanto a la fundamentación, los fiscales señalaron que la impugnación es admisible dentro del plazo legal y dirigida a cuestionar un pronunciamiento que, a su juicio, genera un perjuicio irreparable. Aseguran que la resolución de la magistrada “dicta el sobreseimiento del acusado, extinguiendo la acción” y CDC un gravamen de imposible reparación, al impedir al Ministerio Público ejercer sus facultades constitucionales.

Los hechos que dieron origen al caso se remontan a una denuncia realizada por un hombre que afirmó haber visto a cinco jóvenes “en actitud sospechosa” mientras caminaba por la calle; tres de ellos se encontraban en distintos puntos de una esquina. El denunciante persiguió al grupo hasta que uno de los jóvenes le exigió: “Dame todo. Dame el celular”, momento en el que solicitó ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad.

La jueza De Marinis sostuvo que, en este contexto, la figura típica de robo podría configurarse por la intimidación ejercida por cinco personas contra una persona solo. Sin embargo, señaló que la conducta no se consumó, pues el hombre logró evadir a los agresores y fue eventualmente asistido por la policía. En su análisis, subrayó que, aunque el robo es un hecho violento y protege tanto la propiedad como la integridad física, las circunstancias del caso no permitieron la consumación del hecho y que la víctima solo sufrió la situación estresante descrita en la denuncia.

La resolución completa, sus fundamentos y posibles efectos de la revisión deberán ser conocidos a medida que el tribunal avance con el expediente.