La pesquisa por pagos indebidos de casi 1.000 millones de pesos en la Armada Argentina avanza con dos frentes centrales: los dichos de dos militares que formaron parte de la comisión interna que detectó las maniobras y la incautación formal de equipos informáticos donde se guardaba la información usada para las liquidaciones cuestionadas, según fuentes judiciales.
El primer testigo ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos, fue Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada. El oficial declaró ante el magistrado el lunes 21 de septiembre. Borda integró la comisión interdisciplinaria creada a fines de agosto para auditar las liquidaciones cuestionadas, junto con Carlos Alberto Castro Maggio —capitán que luego presentó la denuncia penal—, la teniente Acuña (identificada sólo por apellido) y el teniente Jonathan Fernando Romano, al frente de la División Sistemas.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por Castro Maggio el 15 de septiembre, tras detectar acreditaciones bancarias que superaban los haberes liquidados por un total de 981.148.567,88 pesos entre julio de 2022 y enero de 2026. En esa boleta figuran 23 personas beneficiadas, y cuatro de ellas no tenían vínculo laboral con la Armada. Ante dicha denuncia, el ministro de Defensa, Carlos Presti, instruyó al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, iniciar consejos de disciplina para destituir a los involucrados. En consecuencia, la fuerza apartó de sus funciones a nueve efectivos: ocho capitanes de corbeta y un suboficial.
Castro Maggio detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, con montos que superaban lo liquidado o carecían de respaldo en haberes efectivamente liquidados. La suma total de las anomalías asciende a 981.148.567,88 pesos.
Entre los involucrados figuran, además de personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta y contratado, y civiles jubilados, cuatro personas que no poseen vínculo laboral ni función alguna con la Armada. Esas cuatro personas son María del Carmen Prieto (46 acreditaciones por 152.259.495,86 pesos), Damián Andrés Santana (47 acreditaciones por 99.496.225,47), Amalia Cristina Díaz (46 por 91.978.048,38) y Natalia Carolina Yahia (45 por 90.466.948,33). Prieto es además esposa del entonces Capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff, ex jefe del Departamento Revista.
Según Borda, la información para las acreditaciones estaba contenida en dos computadoras de la agente civil Vanesa Juár. El trámite continúa, con más declaraciones y pericias en curso, a medida que la investigación avanza.
