El tema de Malvinas volvió a ganar relevancia en el marco de debates sobre defensa, seguridad y las rutas para sostener el reclamo de soberanía. A más de cuarenta años de la guerra de 1982, la lectura dominante es que Argentina no cuenta con una vía militar real para recuperar el archipiélago, que permanece bajo administración británica.
En ese contexto, el exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, instó a revisar la estrategia. En diálogo con Infobae Al Amanecer, señaló que la conducción bélica de aquel entonces calculó mal tanto la respuesta de Gran Bretaña como la de Estados Unidos, y detalló que Argentina no tenía un plan sólido previo al conflicto.
La disputa entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas es histórica. En 1982, la dictadura militar argentina ocupó las islas y Londres respondió con una operación militar que terminó con la rendición argentina el 14 de junio de ese año. Desde entonces, el reclamo argentino persiste mientras el Reino Unido administra el territorio y se mantiene reacio a negociar su transferencia.
Moreno Ocampo rememoró que, en mayo de 1982, Gran Bretaña aceptó una propuesta para congelar la situación por un año y establecer una administración de las Naciones Unidas. Según su lectura, esa salida habría evitado el desenlace bélico. “Argentina tenía opciones mucho mejores que perder la guerra”, afirmó.
En su evaluación, cualquier acción destinada a dañar infraestructuras militares británicas requeriría inversiones de miles de millones de dólares y, aun así, no alteraría el resultado: “Argentina podría gastar miles de millones y no ganaría esa guerra”.
El jurista indicó que el debate sobre defensa debe partir de las necesidades más urgentes del país. La seguridad interna debería ocupar un lugar prioritario, incluso por encima de Malvinas, a las que ubicó en un segundo o tercer plano de prioridades. Entre los desafíos citó el avance del crimen organizado y redes que operan de forma estable y coordinada, como narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas.
Para investigar y llevar a juicio a estas redes, sostuvo que es imprescindible contar con tribunales independientes y la capacidad de hacer cumplir sus resoluciones. “Un proyecto de investigar y juzgar necesita justicia”, afirmó, al subrayar que una sentencia argentina puede requerir reconocimiento en otros países si se busca recuperar recursos fuera del territorio. Por ello, reforzar el sistema judicial es clave para que las sanciones tengan efectos reales.
Moreno Ocampo aplicó este razonamiento al ámbito de las compañías que explotan petróleo cerca de las islas: Argentina puede dictar normas o promover investigaciones, pero esas medidas dependen de una Justicia capaz de avanzar contra empresas y fondos que operan en el exterior.
