El nuevo fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires, encargado de resolver juicios laborales individuales, despidos y accidentes de trabajo de empresas con domicilio social en la ciudad, estaría en condiciones de ponerse en marcha en abril próximo, según afirmó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la ciudad. El funcionario aclaró, no obstante, que ese inicio está condicionado a la formalización de un convenio de transferencia de recursos por parte del gobierno nacional, estimados en unos 60.000 millones de pesos para cubrir los cargos.
“La ciudad está preparada para que el primer trimestre del año ya esté funcionando el fuero local, sin perjuicio de que aún dependemos de la firma del convenio de transferencia”, sostuvo Tapia en diálogo con LA NACIÓN.
La llegada de la justicia laboral porteña responde al traspaso de la competencia desde la justicia laboral nacional y a su desmantelamiento progresivo. En la jurisdicción nacional, históricamente influyó el predominio del peronismo y de los gremios. La Corte Suprema de Justicia, en varias oportunidades, llamó la atención sobre fallos desproporcionados o ilógicos que afectaban a empresarios.
La reforma laboral aprobada por el Congreso dispone que los jueces nacionales laborales quedarán como residuales para los asuntos individuales, mientras que las nuevas demandas, cuando la empresa tenga domicilio social en la Ciudad, deberán tramitar en el fuero laboral local. Los juicios colectivos por temas vinculados a gremios quedarán en la justicia contencioso-administrativa federal o en la propia jurisdicción nacional, donde se redujo la cantidad de jueces de primera instancia y varias camaras han ido quedando con vacantes por jubilación.
En la Ciudad se intensifica la preparación para este cambio. El Ministerio de Justicia local impulsó una ley que crea diez juzgados laborales portenos y una Cámara de Apelaciones con dos salas de tres jueces cada una. Además, la Legislatura aprobó un código procesal laboral para la ciudad. Pero, ante la mayor demanda, se estima que el fuero local deberá tramitar unas 30.000 causas nuevas, lo que supera la capacidad de los diez juzgados que hoy se proyectan.
Ya se llevaron a cabo concursos y quedaron definidos los candidatos, a la espera de una audiencia pública programada para el 18 de septiembre. El mecanismo de designación de jueces en la Ciudad difiere del federal: no interviene el Poder Ejecutivo; participa exclusivamente el Consejo de la Magistratura porteño y la Legislatura. El Consejo propone un candidato a la Legislatura, y esta designa por mayoría absoluta. Si la Legislatura rechaza la propuesta, el Consejo debe presentar otro candidato; si la Legislatura no se pronuncia en 60 días hábiles, la propuesta queda aprobada por vencimiento del plazo.
