La Corte Suprema volvió a acelerar los tiempos en el expediente que podría reavivar la discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras, impulsada por el DNU 70/23 del presidente Javier Milei. En una resolución rubricada este miércoles, el alto tribunal fijó en 24 horas el plazo para que quede consentida la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, frente al plazo habitual de 72 horas.
La decisión cobra relevancia porque el expediente contiene una medida cautelar que podría volver a activar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Aunque la resolución es breve, señala la urgencia del trámite al afirmar que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, corresponde acortar el lapso para la aceptación de la nueva integración.
Además, la Corte notificó que Barroetaveña y Pérez Curci “han aceptado el cargo” y estableció que el plazo para cuestionar esa integración será de 24 horas. A ese efecto, también dispuso que se habiliten días y horas inhábiles.
El caso lo impulsa la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Todos cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737, vinculada al régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
El planteo guardaba relación con el expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también cuestionó la derogación de la Ley de Tierras. Sin embargo, en la resolución de la Corte sobre el caso CECIM la semana pasada, no se analizó la constitucionalidad del artículo 154: se rechazó la demanda por considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente para promover ese proceso colectivo.
Ahora, los representantes de Árbol de Pie sostienen que su situación es distinta. En una presentación ante la Corte, pidieron claridad sobre si aquella sentencia tiene algún efecto sobre su expediente y subrayaron que cuentan con “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en el caso CECIM. Su argumento central no apoya la soberanía nacional, sino derechos vinculados a la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaron este martes frente a la Corte para rechazar el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras. El expediente avanzó a una nueva instancia tras un impasse entre los tres magistrados titulares de la Corte (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti), que llevó al sorteo de conjueces. Fueron designados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
