Facundo Jones Huala, cabeza de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), podría recibir una condena de cinco años y dos meses de prisión por haber dirigido la organización y por imponer sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía, la querella y la defensa.
El entendimiento, que sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, plantea un cumplimiento efectivo de la pena. Según datos a los que accedió este diario, Jones Huala reconoció haber estado al frente de la RAM, agrupación que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Si el acuerdo se homologara tal como fue pactado, el líder mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, computando a partir de su arresto en junio de 2025. Se estima que el cómputo de la prisión preventiva sería considerado para fijar la fecha de vencimiento de la condena.
La negociación judicial cierra una investigación que, en su etapa inicial, contempló imputaciones de mayor gravedad. Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, tras la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. En ese momento se le imputaron cargos por asociación ilícita, apología del delito y atentados contra el orden público.
No obstante, el acuerdo se limita a la acusación de imponer ideas por la fuerza o el miedo, descartando la figura de asociación ilícita. Las partes discutieron durante varios días los alcances del convenio para definir la pena y la calificación jurídica de la conducta atribuida.
En un primer momento, la acusación había buscado aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, que establece la organización de estructuras para delitos contra el orden constitucional con un formato de tipo militar. Ese encuadre no terminó formando parte del acuerdo final.
En cambio, Jones Huala será condenado bajo el artículo 213 bis, que castiga a quienes organizan o participan en agrupaciones para imponer ideas o combatir a otros de manera violenta o intimidatoria. La pena prevista para ese delito va de 3 a 8 años; el acuerdo fijó 5 años y 2 meses, sujeto a la homologación por el juez.
Fuentes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que representa a la defensa, confirmaron el avance del pacto y destacaron que los detalles completos se conocerán una vez que el magistrado homologue la cesión.
