La relación entre la Iglesia Católica y el poder nacional se mantiene marcada por diferencias y momentos de fricción. Pese a un distanciamiento histórico, la expectativa por la llegada del Papa León XIV reaviva el rubro logístico y político: desde el inicio de la gestión libertaria, las diferencias se traducen en críticas públicas, llamados de atención y mensajes con alto grado de impacto.

Según informaciones de alto rango dentro de la Iglesia, ya hay una cooperación estrecha entre obispos y funcionarios de la Casa Rosada para organizar la llegada papal. El plan logístico centra los ejes de seguridad, la movilidad de los fieles y la coordinación de actos, y cuenta también con la participación de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esa suerte de tregua en las mesas de coordinación, que se han relevado tanto en Balcarce 50 como en el Ministerio de Seguridad, forma parte de la dinámica actual de la relación. Mientras se consolidan los encuentros para la organización, la Iglesia mantiene la iniciativa de dirigir ciertos temas de agenda hacia el oficialismo a través mensajes públicos.

Entre los temas debatidos figuran asuntos sensibles como la ley que flexibiliza la extranjerización de tierras, la emergencia en discapacidad y el incremento de la pobreza, junto con la problemática de los mensajes de odio en redes sociales. En ese marco, la gestión de Milei aparece como foco de críticas, con señalamientos sobre insultos y descalificaciones a periodistas, opositores y artistas que no comparten su óptica económica o sus enfoques políticos.

Este lunes, la Pastoral Social de la Comisión Episcopal emitió un pronunciamiento en el que advirtió sobre la posibilidad de una venta de tierras a extranjeros sin límites, en un contexto en el que la Corte Suprema dejó vigente el DNU 70/2023. En ese marco, se alude al artículo 154, que habría facilitado esas operaciones.

El texto fue difundido públicamente también por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo que amplificó su alcance. En la declaración, la Pastoral llama a la responsabilidad de legisladores, autoridades del poder ejecutivo y ministros de justicia para defender la tierra y la soberanía nacional, en conexión con el bienestar de la población.

La controversia aparece marcada: meses atrás, cuando el gobierno de Milei impulsó el proyecto de ley, la Pastoral Social ya había expresado su rechazo, señalando que la propuesta atentaba contra la soberanía de la tierra, de los alimentos y de los bienes comunes, así como contra el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Este lunes, representantes de la Pastoral Social reiteraron esa postura frente a la coyuntura actual.