El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zonas Frías impulsada por el Gobierno, una medida que reduce el alcance de los subsidios al gas y provocó fuertes tensiones entre el oficialismo y algunos de sus aliados por su impacto en millones de usuarios de diversas provincias.
La iniciativa modifica un esquema que se había ampliado en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, para cubrir comunidades de clima extremo. Con la nueva normativa, ese alcance automático queda reducido y la cobertura dejaría de ser automática para zonas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. En la práctica, perderían el beneficio usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
El Gobierno aseguró que, para compensar a las regiones del Norte, se implementaría un régimen paralelo de Zonas Cálidas, destinado a subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y las altas temperaturas.
Durante la sesión, el tratamiento del proyecto provocó que destacadas figuras del oficialismo, junto con aliados de la bancada Moveré Santa Cruz y algunos senadores radicales, se retiraran del recinto. Aun así, el proyecto recibió 38 votos a favor y 8 en contra y quedó convertido en ley.
En el debate, la senadora Gabriela Valenzuela (Radicalismo, Corrientes) afirmó que la discusión refleja la diversidad del país y que se corrige un beneficio que dependía de la ubicación geográfica para pasar a contemplar la situación de cada hogar.
La oposición respondió con propuestas para mitigar el impacto. El diputado Guillermo Agüero (UCR-Chaco) planteó una tarifa diferencial que subsidie hasta el 50% de las facturas de electricidad ante la mayor demanda por calor y la menor llegada de gas natural en el norte. Desde el Senado, el titular de la bancada radical, Eduardo Vischi, adelantó que también trabajarán en una norma similar si la compensación anunciada por el Ejecutivo no se materializa.
El diputado bonaerense Maximiliano Abad subrayó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, pero alertó que la modificación podría dejar desprotegidos a cerca de 1,3 millones de hogares en 94 municipios de la provincia, que podrían ver afectados sus costos de gas de un día para otro, afectando a unos 5 millones de personas.
