El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que, si bien nace a raíz de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de la explotación petrolera en el Atlántico Sur, terminó configurando una reforma sustancial del sistema de seguridad y defensa argentino.
Entre las medidas previstas se destacan: penas de hasta 20 años de prisión para determinadas conductas vinculadas a la explotación ilegal de recursos naturales; la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con atribuciones para intervenir en aspectos económicos, diplomáticos, militares y de inteligencia; la incorporación de un régimen de derribo; la regulación del empleo de la fuerza sobre embarcaciones; la instauración de un sistema nacional para la protección de infraestructuras críticas; y la redefinición del concepto de Defensa Nacional, además de nuevas restricciones y delitos vinculados a la influencia de Estados y organizaciones extranjeras.
La iniciativa tiene un origen político marcado por la cadena nacional que Javier Milei pronunció el 3 de septiembre, cuando anunció que enviaría con carácter urgente una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Según el mandatario, la norma endurecería el marco vigente ante operaciones no autorizadas de empresas, propondría la creación del Consejo de Seguridad Nacional y dispondría marcos actualizados para la protección de infraestructura estratégica, así como de capacidades aeroespaciales y marítimas.
En la elaboración del articulado participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el canciller Pablo Quirno. El ministro de Defensa, Carlos Presti, aportó con énfasis en los capítulos vinculados a las Fuerzas Armadas y las capacidades militares. El proyecto ingresado al Congreso fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Quirno, Presti y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La fundamentación oficial sostiene que la Seguridad Nacional no puede ser administrada por organismos aislados y que existen “herramientas diseñadas para un mundo que ya no existe”. A partir de esa premisa, propone integrar política exterior, economía, defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura estratégica bajo una conducción única.
En su primer título, la ley se enfoca en Malvinas y los recursos naturales. El texto reafirma la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y establece que cualquier actividad para la explotación de recursos en esos territorios, en sus espacios marítimos circundantes o en la Plataforma Continental Argentina requiere autorización estatal. El cambio es significativo respecto de la Ley 26.659, que sería derogada si se aprueba la nueva normativa.
